“Zapatazo Solidario”: Diputados avanza en una declaración de emergencia para el calzado

La crisis de la industria del calzado tuvo dos escenarios en una misma jornada: mientras fabricantes regalaban su producción en Plaza de Mayo para visibilizar la caída de las ventas y las dificultades para sostener la actividad, la Cámara de Diputados bonaerense avanzaba con un proyecto para declarar la emergencia económica, productiva y laboral del sector.

La comisión de Trabajo dio despacho favorable a la iniciativa del diputado provincial Facundo Tignanelli, de Unión por la Patria, que busca establecer herramientas de alivio para las fábricas radicadas en la provincia de Buenos Aires. El proyecto continuará su recorrido por las comisiones de Legislación General y Presupuesto e Impuestos antes de poder llegar al recinto.

La novedad fue comunicada por la presidenta de la comisión de Trabajo, Soledad Alonso, quien destacó la participación de representantes del sector durante el tratamiento. “Tuvimos la oportunidad de escuchar a los afectados”, señaló.

La legisladora advirtió sobre la pérdida de puestos de trabajo y el cierre de establecimientos. Según expresó, la industria acumula más de 7.000 despidos y necesita medidas que permitan afrontar los costos de producción, entre ellas el pago de los servicios públicos y las exenciones impositivas.

“Desde la comisión de Trabajo, que es la que a nosotros nos aborda, que tiene que ver con la problemática de los empresarios y de los trabajadores, le pudimos dar despacho favorable para que siga el curso legislativo para que llegue al recinto y que este proyecto se convierta en ley”, afirmó Alonso.

Del reparto de zapatos al reclamo por la producción

El avance parlamentario coincidió con el “Zapatazo Solidario”, la protesta que fabricantes agrupados en Zapateros Unidos realizaron el martes frente a la Casa Rosada. Durante la jornada, entregaron alrededor de 1.000 pares de zapatos de manera gratuita para visibilizar las dificultades que atraviesa la actividad.

La iniciativa contó con el acompañamiento de la Cámara de la Industria del Calzado (CIC) y de la Unión de Trabajadores de la Industria del Calzado de la República Argentina (UTICRA). Los fabricantes señalaron como principales problemas la caída del consumo, el ingreso de productos importados y las dificultades para sostener las ventas y la producción.

“No estamos vendiendo nada”, resumió Lito Albano, fabricante y dueño de la firma Luna Chiara, al explicar los motivos de la movilización. Los organizadores aclararon que la convocatoria no respondía a una bandera partidaria, sino a la necesidad de visibilizar la situación de las empresas y sus trabajadores.

La imagen de los fabricantes entregando gratuitamente su propia mercadería puso en escena una contradicción que atraviesa al sector: la producción que no encuentra compradores en un mercado interno debilitado y las dificultades de muchas familias para afrontar el costo de bienes de uso cotidiano.

El reclamo también expuso que la crisis no afecta únicamente a los propietarios de las fábricas. Detrás de cada establecimiento hay puestos de trabajo, proveedores, talleres y actividades vinculadas que dependen de la continuidad de la producción.

Qué propone la emergencia para el calzado

El proyecto D-3633/26-27 propone declarar la emergencia económica, productiva y laboral de la industria del calzado por 12 meses, con posibilidad de una prórroga por un período igual.

Entre las principales herramientas previstas figuran beneficios fiscales, mecanismos para regularizar deudas tributarias, facilidades para afrontar obligaciones vinculadas con los servicios públicos y líneas especiales de financiamiento para sostener el capital de trabajo y la inversión productiva.

En materia impositiva, la iniciativa contempla exenciones de Ingresos Brutos para determinadas actividades de fabricación de calzado y producción de insumos vinculados. También propone una exención temporal del Impuesto Inmobiliario para inmuebles afectados principalmente al funcionamiento de establecimientos productivos comprendidos en el régimen.

El texto incluye, además, mecanismos de financiamiento a través de organismos provinciales y del Banco Provincia, y establece una preferencia para los productos fabricados en establecimientos radicados en Buenos Aires en determinadas contrataciones públicas destinadas a la adquisición de calzado.

Los beneficios no estarían dirigidos a cualquier empresa que comercialice zapatos: el proyecto establece requisitos vinculados con la existencia de establecimientos productivos en la provincia y la participación efectiva en la cadena industrial.

La protección del empleo registrado constituye otra de las condiciones centrales. La iniciativa prevé que las empresas beneficiarias mantengan su dotación de trabajadores registrada al momento de entrada en vigencia de la ley, con excepciones previstas para circunstancias no imputables al empleador.

De convertirse en ley, las medidas buscarían reducir temporalmente la presión sobre los costos de las empresas y evitar que las dificultades financieras deriven en nuevos cierres o pérdidas de puestos de trabajo. Por ahora, se trata de herramientas propuestas y no de beneficios vigentes.

La dimensión laboral de la crisis

Los fundamentos del proyecto describen un deterioro de la actividad particularmente marcado en La Matanza, distrito que concentra una parte importante de las empresas del sector y cuya estructura productiva incluye numerosos establecimientos dedicados a la fabricación de calzado.

Según el expediente, durante el segundo semestre de 2025 la actividad productiva del sector en ese partido cayó un 48% respecto del mismo período de 2024. El documento también señala una reducción del 27% en los puestos de trabajo desde noviembre de 2023, equivalente a 4.859 empleos menos.

En relación con el conjunto de la actividad, los fundamentos citan datos de UTICRA que estiman en 7.000 los puestos de trabajo perdidos durante la primera parte de 2026. Estas cifras corresponden a las fuentes consignadas en el proyecto y deberán leerse con esa atribución.

El documento también vincula las dificultades del sector con la reducción de los derechos de importación aplicables al calzado dispuesta por el Gobierno nacional en marzo de 2025, cuando pasaron del 35% al 20%, además del ingreso de productos por vías ilegales. Según los fundamentos, en los dos años anteriores ingresaron al país 67 millones de pares de calzado.

El diagnóstico que plantea la iniciativa es que la combinación de menores ventas, presión de los productos importados, costos fijos y dificultades de financiamiento compromete tanto la continuidad de las empresas como la preservación de capacidades industriales construidas durante años.

Un recorrido legislativo que todavía debe continuar

El despacho favorable de la comisión de Trabajo representa un avance para el proyecto de Tignanelli, pero no implica su aprobación definitiva. La iniciativa debe ser tratada por las comisiones de Legislación General y Presupuesto e Impuestos antes de quedar en condiciones de continuar su camino hacia el recinto.

El debate también abre una discusión sobre el alcance de la respuesta provincial frente a una crisis que involucra decisiones de política económica nacional, condiciones de competencia, consumo y empleo.

El “Zapatazo Solidario” llevó esa discusión a la calle; el proyecto de emergencia busca trasladarla a instrumentos concretos de política pública. La pregunta que queda planteada es si las medidas propuestas lograrán sostener la producción y los puestos de trabajo de una industria que advierte sobre el deterioro de sus condiciones de funcionamiento.

El recorrido parlamentario será determinante para conocer qué herramientas llegan finalmente a la ley y cuáles serán sus condiciones de aplicación.