La Quinta Sección se planta contra la quita de la Zona Fría y prepara un “frazadazo” en el Congreso
Intendentes, concejales y dirigentes del peronismo de la Quinta Sección Electoral se reunieron en Villa Gesell para coordinar una estrategia política y territorial contra la eliminación de la medida impulsada por el Gobierno nacional.
El encuentro se desarrolló en el Complejo Parque Bonito y reunió a representantes de distintos municipios bonaerenses de la región costera y del interior de la Quinta Sección Electoral. Allí acordaron avanzar con una serie de acciones para intentar frenar el proyecto, entre ellas la presentación de declaraciones institucionales de los Concejos Deliberantes, campañas de recolección de firmas y un “frazadazo” frente al Congreso de la Nación el día de la votación en la Cámara alta.
La convocatoria estuvo encabezada por el intendente de Villa Gesell, Gustavo Barrera, y contó con la participación de dirigentes de General Pueyrredón, Tandil, General Madariaga, Balcarce, Maipú, Lobería, Pinamar, Dolores, Mar Chiquita y Necochea, entre otros distritos.
Entre las presencias destacadas estuvieron la diputada nacional Jimena López y el exintendente de Mar del Plata, Gustavo Pulti, dos de las voces que vienen cuestionando públicamente la eliminación del subsidio al gas.
En el documento consensuado tras la reunión, los dirigentes calificaron la modificación del régimen como “una decisión profundamente injusta, insensible y centralista” y remarcaron que el esquema de Zona Fría responde a una realidad climática concreta de gran parte del territorio bonaerense.
Según señalaron, las bajas temperaturas, la humedad y la necesidad de un mayor consumo de gas durante buena parte del año justifican la continuidad del beneficio tarifario.
Durante el encuentro, Barrera advirtió sobre el impacto social que podría generar la eliminación del subsidio.
“El escenario es realmente preocupante. Muchas familias ya tienen dificultades para pagar las facturas y acumulan deudas. Si a eso se le suma un nuevo aumento, el impacto va a ser catastrófico”, sostuvo el jefe comunal.
El intendente detalló además que en Villa Gesell existen alrededor de 12 mil medidores de gas y que más de 7 mil hogares ya presentan complicaciones para afrontar el pago de los servicios.
Los dirigentes también advirtieron que la quita del beneficio no solo afectaría a usuarios residenciales, sino también a clubes, pequeños comercios, hoteles, centros de jubilados y distintas instituciones comunitarias de la región.
“El aumento golpearía a cada familia puertas adentro, pero también al almacén, al hotel, al club, al centro de jubilados y a cada economía local”, remarcaron en el documento conjunto.
En esa línea, Gustavo Pulti planteó la necesidad de ampliar el reclamo “sin distinción partidaria” y construir una red regional de municipios en defensa del régimen de Zona Fría.
El exintendente marplatense propuso avanzar con campañas conjuntas de firmas y posibles presentaciones judiciales si el proyecto avanza en el Senado.
Por su parte, Jimena López cuestionó con dureza la iniciativa del oficialismo nacional y advirtió sobre el alcance que tendría la medida en la provincia de Buenos Aires.
“Estamos hablando de aproximadamente 1 millón 300 mil bonaerenses que perderían el subsidio”, sostuvo la legisladora.
Además, explicó que el criterio del régimen de Zona Fría responde a diferencias climáticas concretas entre el AMBA y gran parte del interior bonaerense.
“Mientras que un vecino de CABA tiene mayores consumos durante tres meses, nosotros podemos consumir esa misma cantidad durante ocho o nueve meses”, señaló.
En el cierre del encuentro, los dirigentes convocaron a legisladores, organizaciones sociales, comerciantes e instituciones a pronunciarse públicamente contra el proyecto y sintetizaron la consigna que buscarán instalar de cara al debate en el Senado: “Zona Fría sí. Defendamos a nuestros vecinos”.
El Gobierno recortó subsidios al transporte para personas con discapacidad y pacientes trasplantados
El gobierno de Javier Milei avanzó este martes con una nueva medida de ajuste sobre el sistema de transporte: eliminó el régimen de subsidios que compensaba económicamente a las empresas de micros de larga distancia por los pasajes gratuitos destinados a personas con discapacidad, pacientes trasplantados y niños y adolescentes con cáncer.
La decisión fue oficializada a través de la resolución 28/2026 de la Secretaría de Transporte y dejó sin efecto el esquema vigente desde 2018, mediante el cual el Estado nacional cubría parte del costo de los boletos gratuitos contemplados en distintas normativas de protección social.
La medida alcanza a los beneficiarios de la Ley 22.431, correspondiente al Sistema de Protección Integral de las Personas con Discapacidad; la Ley 26.928, vinculada a personas trasplantadas o en lista de espera; y la Ley 27.674, que establece un régimen de protección integral para niños, niñas y adolescentes con cáncer.
Sin embargo, desde el Gobierno aclararon que las empresas seguirán obligadas a garantizar la entrega de los pasajes sin cargo previstos por ley. Es decir: el derecho al boleto gratuito continuará vigente, aunque ya no existirá compensación estatal para las compañías de transporte.
La resolución lleva la firma del secretario coordinador de Infraestructura, Mariano Plencovich, y se enmarca dentro del proceso de desregulación del transporte de larga distancia impulsado por el Ejecutivo nacional tras la entrada en vigencia del Decreto 883/2024.
Según argumentó la Secretaría de Transporte, el esquema de compensaciones “perdió sentido” luego de la liberalización del sistema, que habilitó a las empresas a definir recorridos, tarifas, horarios y modalidades de servicio bajo supervisión estatal.
“El derecho de los usuarios a viajar sin costo permanece plenamente vigente y exigible”, remarcó el texto publicado en el Boletín Oficial.
En paralelo, la resolución ratificó que la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) continuará siendo el organismo encargado de fiscalizar el cumplimiento de la entrega de pasajes gratuitos y dispuso una cláusula transitoria para preservar trámites iniciados antes de la entrada en vigencia de la medida.
La decisión se conoció en un contexto de fuerte aumento de tarifas en el transporte público y creciente presión sobre el bolsillo de los usuarios. Según un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), el boleto mínimo de colectivo en el Área Metropolitana de Buenos Aires acumuló subas de hasta el 1.545% desde el inicio de la gestión libertaria.
El mismo estudio advirtió además que el peso del transporte sobre el salario mínimo pasó del 2,6% en diciembre de 2023 al 17,3% en abril de 2026, mientras que la eliminación del Fondo Compensador del Transporte del Interior profundizó las diferencias tarifarias entre el AMBA y las provincias.
Con esta nueva resolución, el Gobierno suma otro capítulo a su política de recorte de subsidios y reconfiguración del sistema de transporte, esta vez atravesando directamente a sectores especialmente protegidos por legislación nacional.
