Desde 1999, la Asociación de Reducción de Daños de Argentina impulsa políticas de drogas basadas en la salud, los derechos humanos y la evidencia. Serena Suárez, integrante de su Comisión Directiva, explica cómo trabajan, qué desafíos enfrentan y por qué sostienen que el cuidado no puede depender de la abstinencia.Por El Palco Redacción · 5 de octubre de 2026 Las drogas existen y las personas las consumen. Partir de esa realidad, en lugar de ignorarla o responder exclusivamente desde la persecución, es uno de los principios que orientan el trabajo de la Asociación de Reducción de Daños de Argentina (ARDA). La organización reúne a profesionales, activistas, organizaciones y personas usuarias de drogas de distintos puntos del país y desarrolla estrategias de prevención, información y acompañamiento destinadas a reducir los riesgos asociados al consumo, sin establecer la abstinencia como requisito para acceder a cuidados. La entrega de kits para personas que consumen cocaína fumable durante una jornada comunitaria realizada junto a AMMAR en Constitución volvió a poner este enfoque en el centro de una controversia pública. Pero detrás de aquella intervención existe una trayectoria de más de dos décadas y una perspectiva que propone discutir no solo las sustancias y sus riesgos, sino también las respuestas sociales, sanitarias e institucionales. En diálogo con El Palco, Serena Suárez, integrante de la Comisión Directiva de ARDA, secretaria de Juventudes y coordinadora nacional de proyectos de reducción de daños en contextos de nocturnidad, explica los fundamentos de ese trabajo. Una organización con más de dos décadas de trabajo “ARDA es la Asociación de Reducción de Daños de Argentina. Somos una asociación civil que desde 1999 reúne profesionales, activistas, organizaciones y personas usuarias en todo el país para impulsar políticas de drogas basadas en la salud, los derechos humanos y la evidencia”, explica Serena. El trabajo se desarrolla en barrios, hospitales, universidades y espacios de nocturnidad, con tareas de información, formación de promotores de salud, herramientas de cuidado y producción de evidencia científica. También impulsan debates vinculados con la despenalización, la regulación y un cambio integral de las políticas de drogas. “Hay que dejar de responder con persecución a problemas que necesitan respuestas mucho más amplias”, sostiene. La trayectoria de ARDA comenzó, entre otras acciones, con programas de intercambio de jeringas destinados a reducir la transmisión del VIH entre personas que utilizaban drogas inyectables. “En ese momento también hubo quienes decían que entregar una jeringa limpia era ‘promover el consumo’”, recuerda Serena. Con el tiempo, las prácticas y las necesidades cambiaron y la organización fue adaptando sus herramientas a las realidades de cada territorio. ¿Qué significa hablar de reducción de daños? Para Serena, la reducción de daños parte de una premisa concreta: las drogas existen y las personas van a continuar utilizándolas, independientemente de su estatus legal. “La reducción de daños es un conjunto de estrategias y políticas públicas que buscan minimizar los riesgos y daños asociados al uso de drogas, sin exigir la abstinencia”, explica. Desde esa perspectiva, la discusión no consiste solamente en determinar si una sustancia es legal o ilegal, sino en reconocer que existen consumos y trabajar para reducir los daños que pueden producir. “Podemos discutir sus riesgos y trabajar para prevenirlos, pero ignorar el consumo hasta que se vuelve un problema social solo hace que esos riesgos sean más difíciles y complejos de abordar”, plantea. A los riesgos propios de las sustancias se suman, según explica, los daños asociados a la clandestinidad: adulterantes, desconocimiento sobre la composición de lo que se consume, falta de información y temor a pedir ayuda. Serena también cuestiona la tendencia a colocar todas las experiencias de consumo dentro de una misma categoría. “El prohibicionismo además nos acostumbró a meter cualquier consumo en la misma bolsa”, señala. Hay personas que utilizan drogas sin desarrollar un problema asociado, otras que atraviesan consumos que les generan daños y quienes desarrollan una dependencia. Pero incluso en los consumos problemáticos, sostiene, la sustancia no alcanza para explicar por sí sola lo que le sucede a una persona. “Importan su historia, sus vínculos, si tiene dónde vivir, si puede comer y si encuentra un servicio de salud que la reciba sin juzgarla”, explica. También existen diferentes objetivos y momentos. “Hay personas que quieren dejar de consumir, personas que hoy no pueden y personas para quienes dejar de hacerlo no es un objetivo”, plantea. Por eso, cuando la abstinencia se convierte en una condición obligatoria para acceder a ayuda, muchas personas quedan afuera precisamente cuando más necesitan acompañamiento. “A veces la respuesta es dejar una sustancia, otras veces es usarla con menos frecuencia, evitar una lesión o sencillamente poder hablar por primera vez del tema sin miedo a represalias”. El cuidado como puerta de entrada a la salud En este marco se inscribe la distribución de materiales específicos para determinadas prácticas de consumo, una de las herramientas utilizadas por ARDA en su trabajo territorial. Pero para Serena, la reducción de daños no se limita a entregar insumos. También implica construir vínculos y generar espacios donde las personas puedan hablar de sus experiencias sin ser estigmatizadas. “Puede parecer poco desde afuera, pero para alguien que tiene un consumo problemático y vive recibiendo miradas de rechazo, poder hablar sin que lo traten como delincuente o le exijan prometer que va a dejar de consumir tiene mucho valor”, sostiene. Ese diálogo puede permitir conocer qué está atravesando realmente una persona y constituir un primer acercamiento al sistema de salud. Para explicar por qué considera necesario que la ayuda no esté condicionada a la abstinencia, Serena propone pensar en una persona que depende de una sustancia y vive en la calle. “Pedirle que deje de consumir antes de ofrecerle ayuda es exigirle que resuelva por su cuenta aquello por lo que necesita acompañamiento”, plantea. La reducción de daños, aclara, no pretende reemplazar tratamientos ni negar la posibilidad de que alguien quiera dejar de consumir. Por el contrario, busca que existan respuestas para las distintas situaciones. “Necesitamos que existan abordajes estables, accesibles y respetuosos para todas las situaciones”, sostiene. Prevenir antes de que llegue la situación límite Otro de los puntos que plantea Serena es que reducir daños también puede ser una forma de prevención. “Sí. Hacemos prevención cuando damos información confiable, formamos promotorxs y profesionales, trabajamos en territorio o facilitamos el acceso a recursos como lo hacemos con ToxiBot”, explica. También cuando una conversación permite detectar que alguien necesita atención y ayudarlo a acercarse al sistema sanitario. “Prevenir un consumo problemático requiere poder hablar de drogas con honestidad y sin prejuicios, y eso tiene que suceder antes de que la persona esté en una situación límite”. Sin embargo, incluso cuando alguien decide pedir ayuda, aparece otra pregunta: qué encuentra del otro lado. ARDA también desarrolla una Unidad de Investigaciones y Protección de Derechos en Salud Mental, que trabaja sobre muertes y violaciones de derechos en instituciones, con especial atención a comunidades terapéuticas clandestinas. La discusión, entonces, no se limita a si una persona consume o no consume. También implica preguntarse cómo se acompaña a quien necesita atención, qué derechos tiene y qué sucede cuando busca ayuda. Entre los derechos reconocidos y las respuestas concretas Serena ubica la reducción de daños dentro del marco normativo argentino. El artículo 10 de la Ley 26.934 reconoce este enfoque y establece que debe respetarse la autonomía de las personas, con prioridad para los tratamientos ambulatorios. El desafío, plantea, es que esos derechos puedan efectivamente ejercerse cuando una persona los necesita. Y allí aparece una cuestión central: la distancia entre reconocer un derecho y garantizar las condiciones materiales para ejercerlo. La reducción de daños también suele quedar atrapada en otra discusión: qué pueden hacer las organizaciones sociales frente al consumo problemático, el narcotráfico, la pobreza o la falta de vivienda. La respuesta de Serena es directa: “Nos preguntan muchas veces qué hacemos frente al consumo problemático, el narcotráfico, la pobreza, la falta de vivienda, como si pudiéramos resolverlo todo nosotrxs por nuestra cuenta y en una sola jornada”. ARDA, explica, es una asociación civil que no cuenta con financiamiento estable y realiza aquello que está a su alcance, al mismo tiempo que reclama que el Estado garantice comida, vivienda, servicios de salud cercanos y equipos capaces de acompañar durante el tiempo que sea necesario. “Si ayudamos a alguien a pedir atención, tiene que encontrar una puerta abierta y un equipo que pueda recibirlo y contenerlo como corresponde”, sostiene. Una experiencia construida desde el territorio La jornada realizada junto a AMMAR en Constitución surgió del encuentro entre el trabajo territorial de las compañeras de la organización y el de las promotoras de reducción de daños de ARDA. En ese territorio habían identificado un aumento del consumo de cocaína fumable entre sus pares, problemas de salud asociados a las prácticas de consumo y dificultades para acercarse a los servicios sanitarios. La respuesta se construyó a partir de esas necesidades. “Acercarles una pipa digna y conversar sobre el uso de crack y otras drogas sin condicionamientos fue nuestra respuesta desde la reducción de daños a esa realidad”, explica Serena. AMMAR sostuvo la olla, la convocatoria y el vínculo con las personas del barrio, mientras ARDA aportó la experiencia en reducción de daños, los kits y el relevamiento. Para Serena, trabajar junto a quienes viven cotidianamente esas realidades resulta fundamental. “Quienes viven todos los días esa realidad saben cosas que no aparecen en una estadística ni se ven desde un estudio de televisión o una oficina”. La idea de ARDA es repetir la experiencia en otras provincias junto con organizaciones locales, manteniendo un núcleo metodológico común y realizando seguimiento para evaluar el uso de los kits y sus posibles efectos sobre la salud. Una discusión que todavía está abierta Reducir los daños implica, desde esta perspectiva, reconocer que los consumos existen y que las personas no atraviesan las mismas experiencias ni tienen los mismos objetivos frente a ellos. Si alguien quiere dejar de consumir, hay que acompañar esa decisión. Si quiere reducir o cambiar algo de su consumo, también. La propuesta de ARDA apunta a construir espacios de cuidado y a discutir las respuestas que hoy se ofrecen frente a las drogas. Una discusión que no se agota en las sustancias ni en las herramientas utilizadas, sino que alcanza también a las condiciones de vida, los derechos y las políticas públicas necesarias para que nadie quede afuera de la posibilidad de recibir ayuda. Navegación de entradas Constitución: la jornada que reabrió el debate sobre la reducción de daños Salud a los ponchazos: Ishii se impuso sobre los dos proyectos clave de Kicillof