De qué se trata el nuevo Estatuto del Periodista que convocan a defender en el Congreso

Los sindicatos de prensa de todo el país convocaron a movilizarse este jueves 29 de octubre, a las 12, frente al Congreso de la Nación, para exigir que la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado se reúna y trate los proyectos vinculados con el Estatuto del Periodista Profesional.

La convocatoria, difundida por el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA), apunta a la senadora Carmen Álvarez Rivero, presidenta de esa comisión. Según denunciaron las organizaciones gremiales, desde la discusión de la reforma laboral el cuerpo no volvió a reunirse. Reclaman que los legisladores que votaron la prórroga del Estatuto cumplan con el compromiso de discutir las iniciativas presentadas.

El reclamo se produce en un calendario legislativo acotado. La Ley 12.908, que regula derechos y condiciones laborales específicas de la actividad periodística, fue prorrogada hasta el 31 de diciembre de 2026, en el marco de la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional. Si bien ese es el plazo para la vigencia del régimen actual, el período ordinario de sesiones del Congreso tiene previsto finalizar el 30 de noviembre. Por eso, el avance de los proyectos durante las próximas semanas adquiere especial relevancia.

El Gobierno nacional evalúa extender las sesiones ordinarias durante diciembre, en medio de las dificultades para avanzar con el Presupuesto 2027 y otras iniciativas. Sin embargo, esa posibilidad no debe darse por confirmada: el escenario también dependerá de las decisiones que adopte el Poder Ejecutivo sobre el calendario parlamentario.

Pero ¿qué propone el nuevo Estatuto y qué cambiaría para quienes trabajan en medios gráficos, portales digitales, radios, canales de televisión y plataformas de streaming?

De una ley histórica a las nuevas formas de hacer periodismo

El proyecto de actualización fue presentado en el Senado por representantes del sector sindical y cuenta con el expediente 1140/26. La iniciativa toma como base el Estatuto vigente y busca conservar sus principales garantías, al tiempo que incorpora transformaciones tecnológicas y laborales que modificaron el ejercicio de la profesión.

El texto fue girado a dos comisiones: Trabajo y Previsión Social, que tiene el primer giro, y Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión. Esta última ya había abierto el debate sobre la actualización del Estatuto con la participación de representantes sindicales. El reclamo actual apunta a que la comisión presidida por Álvarez Rivero se reúna y avance en el tratamiento de los proyectos.

El punto de partida de la propuesta es que el periodismo cumple una función de interés público: permite investigar, difundir información, controlar a los poderes y garantizar que la sociedad acceda a distintas fuentes y perspectivas. Desde esa concepción, las protecciones laborales no se presentan únicamente como beneficios para quienes trabajan en prensa, sino también como condiciones para ejercer la libertad de expresión sin presiones indebidas.

La propuesta reduce la estructura normativa de más de 80 artículos a 28. Entre los cambios, elimina disposiciones consideradas obsoletas, como las vinculadas con la matrícula profesional, y reemplaza las categorías tradicionales por áreas de trabajo que contemplan la diversidad de tareas y soportes.

Sin embargo, la iniciativa no se limita a reorganizar una ley antigua. También plantea nuevas garantías en materia de estabilidad laboral, remuneraciones, licencias, salud, autoría y utilización de tecnologías.

Despidos, salarios y condiciones laborales: qué derechos busca sostener

Uno de los ejes centrales es la estabilidad en el empleo. El proyecto establece que la relación laboral no podría finalizar sin una causa justificada comunicada previamente, para permitir el ejercicio del derecho de defensa.

Ante un despido sin causa acreditada, contempla la posibilidad de solicitar la reincorporación con el pago de los salarios caídos o reclamar una indemnización especial, que se sumaría a las previstas en la legislación laboral y los convenios colectivos.

También incorpora una cláusula de conciencia: si un medio modifica sustancialmente su orientación editorial de una manera incompatible con las convicciones morales del trabajador, este podría resolver unilateralmente el contrato y percibir las indemnizaciones previstas.

En materia de jornada, propone un máximo de 36 horas semanales y un recargo del 100% para las horas extraordinarias, con un límite de 20 horas extra mensuales. Además, plantea un salario mínimo profesional que deberá contemplar las necesidades básicas y establecerse mediante mecanismos de negociación y reglamentación, con participación sindical y empresaria.

Otro aspecto es la compensación por la reutilización de producciones periodísticas. El texto establece que las sucesivas publicaciones de una misma producción en otros medios del grupo económico, así como su cesión a terceros o a soportes no contemplados en la contratación original, deberán generar una retribución adicional en las condiciones que determine la negociación paritaria.

La propuesta también establece derechos específicos para periodistas propietarios, autónomos y cooperativos, extendiendo determinadas garantías vinculadas con la tarea periodística a quienes trabajan de manera habitual y autogestionada.

Inteligencia artificial, plataformas y teletrabajo: los nuevos desafíos

La incorporación de tecnologías digitales es uno de los cambios más significativos del proyecto.

El artículo dedicado a la inteligencia artificial establece que estas herramientas deben funcionar como complemento del trabajo periodístico y no sustituir de manera total la producción informativa. También plantea que los contenidos generados mediante estos sistemas deben reconocer la autoría humana y contar con supervisión humana antes de su publicación.

La iniciativa busca, además, proteger los estilos, las voces, las imágenes y los criterios editoriales que expresen una impronta individual. Si las empresas utilizan producciones o contenidos de sus trabajadores para alimentar sistemas de inteligencia artificial, el proyecto contempla obligaciones de transparencia y pagos compensatorios o adicionales. También propone que los empleadores garanticen capacitación para utilizar estas tecnologías.

En relación con las plataformas digitales, establece el reconocimiento de la autoría y la retribución por el uso y apropiación de las producciones periodísticas. Para avanzar en esa dirección, promueve instancias de negociación colectiva en las que puedan participar las representaciones sindicales y empresarias.

El teletrabajo también queda contemplado: deberá acordarse voluntariamente y prever la posibilidad de volver a la modalidad anterior a pedido del trabajador, el derecho a la desconexión y la compensación de gastos.

Estos puntos adquieren especial relevancia en una actividad en la que la producción informativa ya no está asociada exclusivamente a una redacción, una radio o un canal de televisión. Los portales, las redes sociales y las plataformas audiovisuales multiplicaron las tareas, los formatos y las formas de circulación de las noticias.

Licencias, salud y protección durante las coberturas

La propuesta incorpora derechos relacionados con el cuidado y la prevención de la violencia laboral. Entre otras medidas, contempla licencias por nacimiento, gestación, adopción y cuidado de familiares, además de una licencia específica para personas que atraviesen situaciones de violencia de género.

También establece obligaciones patronales para prevenir el acoso y la violencia en el ámbito de trabajo, con protocolos elaborados en consulta con las organizaciones sindicales.

Otro eje es la salud psicofísica. El proyecto busca limitar el agotamiento derivado de la actividad y reconoce el derecho a no responder comunicaciones laborales fuera de la jornada, salvo situaciones excepcionales debidamente justificadas. Para tareas de monitoreo digital continuo, coberturas en desarrollo o gestión intensiva de redes, propone pausas obligatorias de descanso visual y mental.

Las condiciones de cobertura también forman parte del texto. La iniciativa establece garantías de libre acceso a fuentes de información y protección para periodistas que trabajan en manifestaciones públicas, especialmente ante situaciones de violencia institucional.

En esos casos, contempla la prohibición de hostigamientos, agresiones, detenciones o restricciones por el solo ejercicio de la profesión, así como medidas para impedir que las fuerzas de seguridad obstaculicen el registro de imágenes o la obtención de testimonios. También asigna a los empleadores obligaciones vinculadas con la provisión de elementos de protección y la asistencia durante las coberturas.

El calendario legislativo y las alternativas frente al vencimiento

La presentación del proyecto no significa que sus disposiciones estén aprobadas ni que hayan comenzado a regir. Se trata de una propuesta que debe atravesar el debate parlamentario.

La discusión tiene dos referencias temporales. Por un lado, el período ordinario de sesiones tiene previsto finalizar el 30 de noviembre, salvo que se disponga una extensión. Por otro, la prórroga de la Ley 12.908 establece el 31 de diciembre de 2026 como último día de vigencia del Estatuto actual. A partir del 1.º de enero de 2027, comenzaría a operar su derogación.

Ese margen explica la urgencia del reclamo sindical, aunque no implica que el vencimiento sea inmediato. El desafío es conseguir que el debate avance antes de fin de año y que el Congreso defina qué régimen regirá para la actividad periodística. Si las sesiones ordinarias no se extienden, el tratamiento también dependerá de una eventual convocatoria a sesiones extraordinarias y de que el tema forme parte de la agenda legislativa.

Frente a este escenario, también se presentaron iniciativas alternativas para evitar que venza el régimen especial sin una solución legislativa. Entre ellas, un proyecto del senador Jorge Capitanich propone extender por un año más la vigencia del Estatuto actual, mientras que una iniciativa del diputado Sebastián Galmarini plantea restablecer la Ley 12.908 y abrir una instancia de revisión de sus disposiciones para incorporar los cambios tecnológicos y laborales.

Son respuestas distintas ante un mismo problema: cómo preservar las garantías específicas del trabajo periodístico mientras se discute una actualización normativa. La eventual pérdida de vigencia del Estatuto no significaría la desaparición de todas las protecciones laborales, ya que seguirían existiendo otras normas y convenios aplicables. Pero sí abriría un interrogante sobre la continuidad de derechos específicos que hoy se encuentran contemplados en ese régimen.

El jueves 29, los sindicatos llevarán ese reclamo al Congreso. El objetivo inmediato es que la Comisión de Trabajo y Previsión Social se reúna y avance en el tratamiento de los proyectos. El resultado de ese proceso determinará si la actualización propuesta puede prosperar antes del vencimiento de la prórroga o si el Parlamento deberá buscar otra salida para evitar la pérdida de las garantías particulares que reconoce el Estatuto del Periodista Profesional.