El gobierno de Javier Milei avanzó este martes con una nueva medida de ajuste sobre el sistema de transporte: eliminó el régimen de subsidios que compensaba económicamente a las empresas de micros de larga distancia por los pasajes gratuitos destinados a personas con discapacidad, pacientes trasplantados y niños y adolescentes con cáncer.
La decisión fue oficializada a través de la resolución 28/2026 de la Secretaría de Transporte y dejó sin efecto el esquema vigente desde 2018, mediante el cual el Estado nacional cubría parte del costo de los boletos gratuitos contemplados en distintas normativas de protección social.
La medida alcanza a los beneficiarios de la Ley 22.431, correspondiente al Sistema de Protección Integral de las Personas con Discapacidad; la Ley 26.928, vinculada a personas trasplantadas o en lista de espera; y la Ley 27.674, que establece un régimen de protección integral para niños, niñas y adolescentes con cáncer.
Sin embargo, desde el Gobierno aclararon que las empresas seguirán obligadas a garantizar la entrega de los pasajes sin cargo previstos por ley. Es decir: el derecho al boleto gratuito continuará vigente, aunque ya no existirá compensación estatal para las compañías de transporte.
La resolución lleva la firma del secretario coordinador de Infraestructura, Mariano Plencovich, y se enmarca dentro del proceso de desregulación del transporte de larga distancia impulsado por el Ejecutivo nacional tras la entrada en vigencia del Decreto 883/2024.
Según argumentó la Secretaría de Transporte, el esquema de compensaciones “perdió sentido” luego de la liberalización del sistema, que habilitó a las empresas a definir recorridos, tarifas, horarios y modalidades de servicio bajo supervisión estatal.
“El derecho de los usuarios a viajar sin costo permanece plenamente vigente y exigible”, remarcó el texto publicado en el Boletín Oficial.
En paralelo, la resolución ratificó que la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) continuará siendo el organismo encargado de fiscalizar el cumplimiento de la entrega de pasajes gratuitos y dispuso una cláusula transitoria para preservar trámites iniciados antes de la entrada en vigencia de la medida.
La decisión se conoció en un contexto de fuerte aumento de tarifas en el transporte público y creciente presión sobre el bolsillo de los usuarios. Según un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), el boleto mínimo de colectivo en el Área Metropolitana de Buenos Aires acumuló subas de hasta el 1.545% desde el inicio de la gestión libertaria.
El mismo estudio advirtió además que el peso del transporte sobre el salario mínimo pasó del 2,6% en diciembre de 2023 al 17,3% en abril de 2026, mientras que la eliminación del Fondo Compensador del Transporte del Interior profundizó las diferencias tarifarias entre el AMBA y las provincias.
Con esta nueva resolución, el Gobierno suma otro capítulo a su política de recorte de subsidios y reconfiguración del sistema de transporte, esta vez atravesando directamente a sectores especialmente protegidos por legislación nacional.
