El ataque grupal contra trabajadoras sexuales travestis y trans en los Bosques de Palermo volvió a poner en evidencia una violencia que atraviesa sus vidas mucho antes de convertirse en noticia. Mientras las cifras de crímenes de odio crecen, los discursos estigmatizantes encuentran lugar en las más altas esferas del poder.
Por Baiana Accinelli · 8 de noviembre de 2026

Un grupo de alrededor de 80 varones jóvenes se organizó mediante grupos de Telegram para atacar a trabajadoras sexuales travestis y trans en los Bosques de Palermo. Las agresiones fueron registradas y difundidas en redes sociales por los propios participantes, en un tono jocoso, de victoria, con aquella templanza macabra que vemos en los villanos de las peores películas de terror. Las imágenes circularon, generaron repercusiones y pusieron el episodio en el centro de la agenda pública. Pero hay una pregunta que no debería perderse entre la viralización y el repudio: ¿qué sucede con las violencias que no llegan a convertirse en noticia?

Lo ocurrido en Palermo no puede leerse como un episodio aislado ni reducirse a una expresión de violencia urbana. Se inscribe en una realidad atravesada por la discriminación, la exclusión social y la vulnerabilidad que enfrentan cotidianamente las personas travestis y trans. Una violencia que tiene características específicas y que se profundiza cuando se cruza con la precariedad laboral, la falta de acceso a derechos y la exposición permanente al hostigamiento.

En una reflexión publicada en sus redes sociales, la activista Galaxia Rod puso el foco precisamente en esa dimensión. “No, no nos pasa a todxs, nos pasa a las travestis”, escribió, al cuestionar las miradas que generalizan la violencia contra la comunidad LGBT+ y dejan en segundo plano las experiencias particulares de quienes viven una mayor exposición a las agresiones.

Las compañeras atacadas trabajan en el espacio público y ejercen el trabajo sexual. Para Galaxia, esa condición también debe formar parte del análisis: existe una dimensión de clase que atraviesa sus cuerpos y sus experiencias. Salir a trabajar, ocupar la calle y habitar determinados espacios implica, para muchas, exponerse diariamente a la discriminación y la violencia. El problema, advierte, no es el trabajo sexual, sino las condiciones en las que se ejerce y la ausencia de garantías para hacerlo sin hostigamiento.

La violencia, en ese sentido, no se limita al daño físico. También funciona como una forma de disciplinamiento: busca establecer quiénes pueden circular, trabajar, habitar el espacio público y construir un proyecto de vida. La agresión contra las travestis no solo apunta contra quienes reciben los golpes; también transmite un mensaje de amenaza hacia toda una comunidad.

Los números detrás de la violencia

Las estadísticas permiten dimensionar la gravedad de esta situación. Según el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGBT+, durante 2025 se registraron 227 crímenes de odio contra personas de la diversidad sexual, un 62% más que en 2024 y el número más alto desde que comenzó la serie en 2016.

De ese total, 147 fueron agresiones físicas que no terminaron en muerte. La cifra prácticamente duplicó los 73 casos registrados durante 2024 y superó ampliamente los 42 contabilizados en 2023. Por primera vez, este tipo de agresiones había superado a las muertes dentro del relevamiento.

El panorama de 2026 es todavía más preocupante. Los datos provisorios difundidos por el Observatorio indican que ya se registraron 263 crímenes de odio en lo que va del año: uno cada 28 horas. El número supera el total de todo 2025 y no contempla el ataque ocurrido en los Bosques de Palermo.

Las mujeres trans y travestis se encuentran entre los grupos más afectados. Los informes del Observatorio muestran que su participación en el total de casos creció entre 2021 y 2023, hasta alcanzar el 89%; en ese último año, representaron el 98% de las muertes registradas. En 2025, las mujeres trans volvieron a ser el grupo con mayor cantidad de víctimas dentro del relevamiento.

Estas cifras no son solamente estadísticas. Detrás de cada registro hay una vida atravesada por la violencia, una persona que vio vulnerados sus derechos y una comunidad que debe organizarse para exigir protección.

El poder y los discursos de odio: un caldo de cultivo para la violencia

La violencia social no nace de un único discurso ni puede explicarse a partir de una sola declaración. Pero tampoco es posible ignorar el clima político y cultural en el que se producen estas agresiones. Cuando quienes ocupan las máximas responsabilidades institucionales utilizan expresiones que estigmatizan identidades y cuestionan derechos, contribuyen a instalar sentidos que luego circulan y se reproducen en la sociedad.

El presidente Javier Milei convirtió en una de sus marcas discursivas el enfrentamiento con lo que denomina “ideología woke” o “agenda LGBT”. En el Foro Económico Mundial de Davos, en enero de 2025, calificó a la ideología woke como “el cáncer que hay que extirpar”. En esa misma exposición, utilizó ejemplos vinculados con identidades trans para cuestionar las políticas de diversidad y los derechos reconocidos a esta población.

“Desde estos foros se promueve la agenda LGBT, queriendo imponernos que las mujeres son hombres y los hombres son mujeres sólo si así se autoperciben”, sostuvo el primer mandatario en Davos, y añadió a su discurso descalificaciones tales como “hombres que se disfrazan de mujeres”.

El peligro de estas declaraciones es la incidencia que las mismas tienen en la construcción de sentido. Comunicar desde el desprecio y desde el odio construye un clima de época en el que la violencia hacia las personas señaladas por el propio poder son totalmente legitimadas. Entonces, así como existe una “agenda” que defiende los derechos humanos, también se termina construyendo una “contra agenda” que en realidad es un manual para destruir, degradar y lastimar porque un discurso así lo impone.

No se trata de establecer una relación automática entre una declaración presidencial y una agresión concreta. Se trata de advertir que las palabras pronunciadas desde el poder tienen un peso particular: legitiman determinados marcos de interpretación, marcan qué identidades son presentadas como una amenaza y pueden profundizar prejuicios que ya existen.

Cuando la diversidad se convierte en objeto de sospecha, cuando los derechos de una población son presentados como un peligro para el resto de la sociedad, se debilitan las condiciones para construir una convivencia democrática basada en el respeto y la igualdad.

En su publicación, Galaxia Rod también pone en discusión el papel del Estado y de las instituciones. ¿Qué sucede cuando quienes deberían garantizar derechos no ofrecen respuestas? ¿Quién protege a quienes son perseguidas? ¿Puede una comunidad confiar en las mismas estructuras que muchas veces la criminalizan o la dejan desprotegida?

La pregunta es especialmente relevante para una población que históricamente enfrentó persecución policial, exclusión del sistema educativo, barreras para acceder al empleo formal y dificultades para acceder a la salud y a una vivienda digna.

Del repudio a la organización política

Imágenes exclusivas de @travxtraducoes

Frente a cada agresión, las redes sociales se llenan de comunicados, pronunciamientos y expresiones de solidaridad. Las movilizaciones permiten visibilizar las violencias, generar encuentros y fortalecer la organización colectiva. Pero Galaxia Rod propone ir más allá de esa respuesta inmediata: preguntarse qué sucede después de la marcha, qué demandas pueden transformarse en políticas públicas y qué capacidad existe para disputar decisiones.

“Una marcha multitudinaria no necesariamente significa una fuerza política organizada”, plantea. Su reflexión interpela a la propia comunidad y a sus espacios de representación: es importante reunirse cada vez que una compañera es golpeada, asesinada o violentada, pero a veces no es suficiente. También es necesario construir autonomía, objetivos comunes y herramientas para defender derechos.

La discusión no puede agotarse en exigir que no las maten. Se trata de garantizar las condiciones materiales para vivir: trabajar, estudiar, acceder a una vivienda, recibir atención sanitaria y desarrollar proyectos de vida sin que la identidad o la expresión de género se conviertan en una condena.

La memoria, la resistencia y la movilización son indispensables. Pero también hace falta una agenda política que permita transformar esas demandas en derechos efectivos y políticas públicas sostenidas.

Lo ocurrido en los Bosques de Palermo volvió a mostrar una violencia que las travestis denuncian desde hace décadas. La pregunta ya no puede ser solamente cómo reaccionamos frente a cada nuevo ataque, sino qué estamos dispuestos a transformar dentro de la sociedad para que esas agresiones dejen de repetirse. Porque no alcanza con llorar a las compañeras, denunciar a los agresores y exigir justicia: también es fundamental abogar por la garantización del derecho a vivir, trabajar y construir un futuro con dignidad.