Salarios estatales: la Cámara Alta avanza con un proyecto para limitar los descuentos por deudas

Los descuentos salariales destinados al pago de préstamos y otras obligaciones financieras pueden reducir considerablemente el dinero disponible para cubrir los gastos cotidianos. Frente a esa situación, un proyecto que busca establecer límites a esas deducciones y ofrecer alternativas para quienes acumulan deudas avanzó en el Senado bonaerense.

La Comisión de Trabajo y Legislación Social dio dictamen favorable por unanimidad a la iniciativa del senador de Fuerza Patria Sergio Berni, que propone crear el Régimen Provincial de Protección del Ingreso, Prevención del Sobreendeudamiento y Reordenamiento Financiero de los Agentes Públicos.

El proyecto plantea que los descuentos derivados de obligaciones asumidas voluntariamente por los trabajadores estatales no superen el 30% de la remuneración neta protegida. De esta manera, busca garantizar que al menos el 70% del salario permanezca disponible para afrontar las necesidades cotidianas.

Además, establece un segundo mecanismo de protección: el ingreso efectivo del agente no podrá ser inferior al Salario Mínimo, Vital y Móvil vigente al momento de la liquidación, cuando la aplicación de los descuentos previstos genere un resultado menor.

Un límite a los descuentos salariales

La propuesta apunta a regular el funcionamiento de los descuentos que se realizan sobre los haberes de los agentes públicos para cancelar préstamos, créditos de mutuales y cooperativas, financiaciones de consumo y otras obligaciones voluntarias.

El texto contempla que el límite del 30% se aplique sobre la remuneración neta protegida e incluye distintas modalidades de endeudamiento cuya cancelación se efectúa mediante descuentos directos sobre los salarios.

Quedan excluidos de ese tope determinados conceptos obligatorios, como los aportes previsionales, las retenciones tributarias, los aportes de obra social, las cuotas alimentarias ordenadas judicialmente y los embargos dispuestos dentro de los límites legales.

La iniciativa también prevé que, antes de autorizar un nuevo descuento, se verifique que exista margen disponible. En caso de que una operación pueda superar los límites establecidos, no podrá aprobarse.

Otro de los puntos incorporados es el derecho de los trabajadores a acceder a información clara sobre sus compromisos financieros: el capital solicitado, las cuotas pendientes, las tasas de interés, el costo financiero total y el porcentaje del salario que continuará disponible después de cada operación.

Reordenar las deudas sin sumar nuevas cargas

El proyecto también contempla un régimen de reordenamiento financiero para los agentes públicos que ya se encuentren sobreendeudados o cuyos compromisos financieros comprometan una proporción significativa de sus ingresos.

La adhesión será voluntaria y requerirá el consentimiento expreso del trabajador. Entre las herramientas previstas figuran la consolidación de obligaciones, la ampliación de los plazos de pago, la reducción de tasas de interés y la sustitución de múltiples cuotas por una sola obligación mensual compatible con los ingresos del agente.

La propuesta establece que las refinanciaciones deberán generar una mejora objetiva y comprobable para quien las solicite, como una reducción de la carga mensual, la adecuación de las cuotas a los límites legales o la eliminación de penalidades injustificadas.

El proyecto aclara, sin embargo, que la incorporación al régimen no implica por sí misma una condonación de las deudas ni la eliminación automática del capital legítimamente adeudado. El objetivo es reorganizar las obligaciones y evitar que la situación financiera del trabajador continúe deteriorándose.

El rol del Banco Provincia y las entidades financieras

La iniciativa prevé que el Poder Ejecutivo pueda celebrar convenios con el Banco de la Provincia de Buenos Aires para implementar líneas especiales de consolidación y refinanciación de obligaciones de los agentes públicos.

Esos acuerdos podrían contemplar tasas de interés preferenciales, plazos extendidos, mecanismos de garantía y compensaciones parciales de intereses, entre otras herramientas. El texto también establece condiciones para las entidades que operan mediante el sistema provincial de códigos de descuento, con obligaciones vinculadas a la información, la cancelación anticipada y la prohibición de incorporar cargos no autorizados.

A su vez, se propone crear un fondo provincial destinado a contribuir con los costos de los mecanismos de refinanciación y reordenamiento financiero.

Un nuevo paso en el tratamiento legislativo

La reunión de la Comisión de Trabajo y Legislación Social se realizó en el Salón Antonio Cafiero, bajo la presidencia de la senadora María Rosa Martínez (Fuerza Patria). Participaron de manera presencial Fernando Coronel (Fuerza Patria), Mónica Macha (Fuerza Patria) y Sabrina Bastida (Fuerza Patria). De forma virtual estuvieron Sergio Vargas (Unión y Libertad), Analía Balaudo (La Libertad Avanza), Luciano Olivera (La Libertad Avanza), Pablo Petrecca (PRO) y Roxana López (Fuerza Patria).

Durante el encuentro se trató únicamente esta iniciativa, que obtuvo el respaldo unánime de las y los integrantes de la comisión. También estuvo presente Alicia Muñiz, secretaria administrativa del bloque de Fuerza Patria, quien ya había participado de una reunión anterior para explicar los alcances de la propuesta, que entonces había quedado en estudio.

Con el dictamen favorable, el proyecto impulsado por Berni continúa su recorrido legislativo en el Senado bonaerense. Su eventual aprobación buscará establecer un marco de protección para los ingresos de los trabajadores estatales, con límites a los descuentos, mayor transparencia en las operaciones crediticias y alternativas para quienes necesitan reorganizar sus deudas.