Salud mental: el nuevo plan bonaerense y la reforma nacional

La Provincia de Buenos Aires presentó una nueva etapa de su política de salud mental con un plan que se extenderá hasta 2031. El anuncio llegó en medio de la discusión nacional por la reforma de la Ley 26.657, impulsada por el Gobierno de Javier Milei y cuestionada por el ministro bonaerense de Salud, Nicolás Kreplak.

El cruce no es solamente político. El primer Plan Provincial Integral de Salud Mental, correspondiente al período 2022–2027, estableció entre sus objetivos avanzar en la plena implementación de la ley nacional, a la que la Provincia adhirió mediante la Ley 14.580. Ahora, mientras Buenos Aires anuncia nuevas estrategias de atención, el Congreso se prepara para debatir modificaciones a ese marco normativo.

El gobernador Axel Kicillof y Kreplak presentaron el segundo Plan Provincial de Salud Mental 2026–2031 el martes 13 de octubre, en el Hospital Zonal Especializado en Rehabilitación El Dique, en Ensenada. La actividad se realizó junto a la subsecretaria de Salud Mental, Consumos Problemáticos y Violencias en el Ámbito de la Salud, Julieta Calmels, y el intendente Mario Secco.

Según informó el Gobierno bonaerense, la iniciativa busca dar continuidad a las políticas públicas ante el aumento de los padecimientos y las desigualdades sociales, con un modelo de atención integral, comunitario y centrado en los derechos de las personas.

Qué anunció la Provincia y qué resultados destaca

Entre las líneas de trabajo anunciadas para el nuevo período figuran el fortalecimiento de la atención en hospitales generales, la ampliación de los dispositivos territoriales y de las viviendas con apoyo para personas externadas, y nuevas estrategias para garantizar el acceso a medicamentos, prevenir el suicidio y abordar los consumos problemáticos.

El plan también incorpora como ejes la integración del sistema, el federalismo sanitario, el cuidado de los trabajadores, el abordaje de las violencias y la participación de usuarios, familias y jóvenes.

Durante la presentación, Kreplak defendió el recorrido de la gestión bonaerense. Sostuvo que el Gobierno provincial logró instalar la salud mental como una problemática sanitaria que requiere respuestas públicas y destacó las herramientas desarrolladas para acompañar a quienes las necesitan.

Kicillof, por su parte, vinculó el deterioro de los indicadores sociales con el sufrimiento y la angustia de la población. Mencionó la pérdida de puestos de trabajo, la informalidad y las dificultades de las familias para afrontar gastos de alimentación y medicamentos. Aunque reconoció que la Provincia no puede resolver por sí sola los problemas nacionales, afirmó que mantiene el compromiso de dar respuestas desde el Estado bonaerense.

El Gobierno provincial también difundió resultados que atribuye al primer plan: informó que, desde 2019, el 70% de las personas que permanecían institucionalizadas en sectores de larga estadía fueron externadas y que las viviendas con apoyo pasaron de 74 a 227.

Son cifras relevantes para comprender la orientación de la política sanitaria que la Provincia busca sostener. Sin embargo, para evaluar el cumplimiento integral del primer plan y medir los avances respecto de sus metas originales será necesario analizar los indicadores, sus períodos de referencia y el grado de ejecución de cada objetivo.

La Ley Nacional de Salud Mental como marco del primer plan

La relación entre la política bonaerense y la legislación nacional está explicitada en el propio documento del Plan Provincial Integral de Salud Mental 2022–2027.

Entre sus objetivos, el texto incluyó la generación de procesos y adecuaciones institucionales para alcanzar la plena implementación de la Ley Nacional de Salud Mental. La Provincia adhirió a esa norma mediante la Ley 14.580, sancionada en 2013.

La Ley Nacional 26.657 establece un marco de protección de la salud mental y de los derechos de las personas, y promueve un modelo de atención que no reduzca las respuestas sanitarias a la internación. La normativa contempla la atención comunitaria y la integración de la salud mental al sistema general de salud, entre otros principios.

El plan bonaerense tradujo esa orientación en líneas de trabajo vinculadas con la transformación de los hospitales neuropsiquiátricos, el desarrollo de dispositivos comunitarios y la creación de alternativas habitacionales y de acompañamiento para las personas externadas.

En su apartado sobre la adecuación de los hospitales neuropsiquiátricos, el documento provincial planteó la necesidad de avanzar hacia una provincia libre de manicomios y de reemplazar progresivamente las instituciones monovalentes por servicios basados en la comunidad, con recursos y dispositivos que permitan sostener los procesos de atención fuera de la internación prolongada.

El mismo documento estableció metas cuantificadas para ampliar las alternativas comunitarias y residenciales. Esas metas constituyen los objetivos originales del plan, no resultados que puedan darse por cumplidos sin revisar su evaluación.

El antecedente permite identificar el lugar que la Ley 26.657 ocupó en la planificación bonaerense. Pero no alcanza, por sí solo, para establecer qué consecuencias jurídicas o sanitarias tendría una eventual reforma nacional sobre cada política provincial.

Qué cuestiona Kreplak de la reforma impulsada por Bullrich

La discusión se intensificó el miércoles 14 de octubre, cuando Kreplak publicó en la red social X un mensaje contra la iniciativa impulsada por la senadora Patricia Bullrich. El ministro sostuvo que los cambios propuestos por el Gobierno nacional “solo van a empeorar todo, que ya es crítico”.

Entre sus objeciones, afirmó que el proyecto vuelve a instalar manicomios públicos y privados, modifica las condiciones para internar a personas en crisis y abre la puerta a una mayor judicialización de las decisiones sanitarias. También aseguró que las provincias se habían pronunciado en contra de la iniciativa.

Sin embargo, unas dos horas después de la publicación del ministro, Clarín informó que la versión negociada del proyecto mantenía la prohibición de crear manicomios y de sostener prácticas manicomiales. La diferencia es importante: el cuestionamiento de Kreplak debe distinguirse del contenido que los medios informaron sobre la última versión del texto en discusión.

La controversia no se agota en esa disposición. Entre los cambios difundidos por Clarín aparecen modificaciones al criterio para indicar internaciones involuntarias, una nueva distribución de responsabilidades entre profesionales de la salud y cambios en el control judicial de esas decisiones.

La propuesta reemplazaría el criterio de “riesgo cierto e inminente” por el de “riesgo grave de daño”. También modificaría los requisitos profesionales para evaluar una internación involuntaria: en lugar de exigir necesariamente la intervención de un psiquiatra, permitiría la participación de un médico, preferentemente especializado en psiquiatría o con formación en salud mental. El proyecto contempla, además, la intervención de psicólogos en las evaluaciones y en las decisiones de alta.

Otro de los cambios informados es la eliminación de la autorización judicial previa para las internaciones involuntarias, que sería reemplazada por la notificación posterior al juez. La iniciativa también incorpora disposiciones sobre las adicciones comportamentales, la participación de familiares, la atención de niños y adolescentes y el seguimiento posterior al alta.

La discusión enfrenta distintas posiciones sobre cómo responder a las situaciones de crisis, qué margen de intervención debe tener el sistema sanitario y qué resguardos son necesarios para proteger los derechos de las personas. Para comprender el alcance de la reforma, resulta necesario examinar cada modificación y no reducir el debate a la afirmación —que la última versión difundida no confirma— de que se habilitaría la creación de nuevos manicomios.

Al cierre de esta nota, el oficialismo buscaba avanzar con un dictamen en el Senado. Por lo tanto, los cambios informados corresponden a una versión negociada de la iniciativa y no deben confundirse con una ley ya aprobada.

Las preguntas que abre la nueva etapa bonaerense

La presentación del segundo Plan Provincial de Salud Mental ocurre mientras se discute una modificación de la norma que el plan anterior había tomado expresamente como referencia. Ese cruce plantea preguntas que todavía no pueden responderse de manera concluyente.

¿Qué continuidad tendrán en el período 2026–2031 los objetivos de desinstitucionalización y ampliación de los dispositivos comunitarios? ¿Qué metas e indicadores fijó el nuevo plan para evaluar los resultados? ¿Incluye un análisis de los cambios que impulsa el Gobierno nacional o prevé adecuaciones frente a una eventual reforma?

El documento completo del segundo plan permitirá establecer qué objetivos mantiene, cuáles modifica y qué instrumentos propone para llevarlos adelante. También será necesario conocer el texto definitivo de la reforma nacional para evaluar con mayor precisión sus efectos sobre las políticas provinciales.

Por ahora, lo que puede afirmarse es que la Provincia anunció una nueva etapa de su política de salud mental, comunicó resultados del plan anterior y mantiene como antecedente una planificación que estableció la plena implementación de la ley nacional entre sus objetivos.

La relación entre ese recorrido y los cambios que impulsa el Gobierno nacional constituye una discusión abierta. Su alcance concreto dependerá de lo que establezcan los documentos, de la evolución legislativa y de cómo se traduzcan esas decisiones en la organización cotidiana de la atención.