Sobreendeudamiento y cobranzas abusivas: los proyectos que Diputados lleva al recinto

El sobreendeudamiento de las familias bonaerenses llegará este martes al recinto de la Cámara baja de la Provincia como uno de los temas centrales de la sesión. La discusión no se limita a la posibilidad de refinanciar una deuda: los proyectos que avanzaron en comisiones buscan intervenir sobre distintas etapas del vínculo entre consumidores y proveedores de crédito, desde la contratación hasta las formas de cobro cuando la deuda ya existe.

Diputados tiene prevista una sesión ordinaria para este martes 29 de septiembre a partir de las 15. En las comisiones de Derechos del Usuario y el Consumidor y de Legislación General se trabajó el viernes sobre una batería de iniciativas que luego avanzaron también por Asuntos Constitucionales y Justicia y por Presupuesto e Impuestos.

El paquete incluye proyectos que modifican la Ley 13.133, el Código Provincial de Implementación de los Derechos de los Consumidores y Usuarios, y otros que plantean mecanismos específicos para personas que ya se encuentran sobreendeudadas.

Información antes de tomar un crédito y límites a las cobranzas

Uno de los proyectos unificados reúne iniciativas de María Noelia Saavedra, Ana Luz Balor, Juan Ariel Archanco y Juan Martín Malpeli. La propuesta trabaja sobre tres ejes: protección durante la contratación y ejecución de créditos, regulación de la publicidad de productos crediticios y prevención del sobreendeudamiento mediante información y educación financiera.

La intención es que quien toma un crédito conozca de manera clara las condiciones de la operación, las tasas, sus consecuencias y las condiciones de devolución. El texto también incorpora situaciones vinculadas con el crédito digital y las plataformas tecnológicas, donde buena parte de la contratación se realiza de manera automática y con pocos pasos.

Durante el plenario de comisiones, Saavedra planteó que el avance de las tecnologías dejó atrás algunas herramientas legislativas y señaló que hoy tomar un crédito puede estar a un clic de distancia, sin que necesariamente queden suficientemente explicitadas las consecuencias de la operación. La propuesta contempla, entre otras cuestiones, que las decisiones automatizadas sean informadas y puedan contar con revisión humana.

El proyecto también contempla la posibilidad de revisar determinadas condiciones del crédito cuando se modifican sustancialmente la situación económica de la persona deudora o las condiciones macroeconómicas, con el objetivo de evitar que una operación originalmente posible termine derivando en una situación de sobreendeudamiento.

Otro de los proyectos unificados apunta específicamente a las cobranzas extrajudiciales. La iniciativa de Ana Luz Balor, unificada con la de Silvina Vaccarezza, busca prohibir prácticas de hostigamiento y trato indigno en los reclamos de deuda.

La propuesta no elimina el derecho del acreedor a reclamar una deuda. Lo que establece son límites sobre la forma de hacerlo. Entre las conductas que busca evitar aparecen las comunicaciones reiteradas que configuren hostigamiento, los contactos con familiares que no sean codeudores, fiadores o garantes, la exposición de la deuda en el lugar de trabajo, la retención de documentos o tarjetas, el pedido de claves personales y los débitos sin autorización.

En este punto, durante el debate en el plenario de comisiones, el diputado Christian “Chipi” Castillo, pidió que no se regule únicamente el horario en el que los acreedores pueden llamar al deudor, también solicito que se limiten la cantidad de veces que pueden hacerlo de forma mensual. La propuesta fue aceptada como modificación para incorporar en el texto que llegará al recinto.

Una vía judicial para reestructurar las deudas

Otro de los ejes que llega con despacho a la próxima sesión en la Cámara Baja surge de la unificación del proyecto de Leonardo Moreno con el de Juan Martín Malpeli. Se trata de un régimen judicial de reestructuración de deudas de consumo.

Durante el plenario, Moreno sostuvo que el objetivo es generar una vía judicial más rápida para abordar las situaciones de sobreendeudamiento, sin condonar las deudas sino buscando ordenar las obligaciones de acuerdo con la capacidad económica de cada consumidor.

El proyecto propone una intervención judicial específica para que puedan analizarse las distintas obligaciones y establecer cómo, cuándo y en qué condiciones puede afrontarlas la persona endeudada. La iniciativa fue aprobada en las comisiones, aunque no sin discusión.

La diputada Florencia Retamoso adelantó el rechazo a la incorporación del procedimiento judicial, al considerar que la normativa provincial vigente ya contempla instancias prejudiciales obligatorias y mecanismos de resolución de conflictos. Moreno, en cambio, defendió la herramienta y planteó que una instancia obligatoria para los acreedores puede ampliar las alternativas de los consumidores.

Qué propone el proyecto de Tignanelli

Dentro de este paquete aparece un proyecto diferente por su alcance: el presentado por Facundo Tignanelli que crea el “Régimen Provincial de Prevención y Tratamiento del Sobreendeudamiento de Consumidores”. La propuesta parte de una idea central: una persona sobreendeudada no debería resolver cada deuda por separado sin considerar el resto de sus obligaciones.

El proyecto crea dentro de la Defensoría del Pueblo una instancia prejudicial obligatoria para la prevención y tratamiento del sobreendeudamiento. Allí se debería analizar la situación económica integral de la persona deudora y convocar a los distintos acreedores para buscar una solución que permita ordenar el conjunto de las obligaciones.

Ese criterio de integralidad es uno de los puntos centrales del texto: el objetivo es evitar que un acuerdo con un acreedor deje a la persona sin capacidad para afrontar las demás deudas.

La Defensoría tendría facultades para recibir y analizar solicitudes, identificar las obligaciones involucradas, requerir documentación, convocar acreedores, celebrar audiencias, formular propuestas de reestructuración, promover acuerdos y homologarlos. El proyecto establece además distintas modalidades de negociación, que pueden ser conjuntas o parciales, pero siempre dentro de un único procedimiento orientado a resolver la situación de sobreendeudamiento de manera integral.

Hay un límite especialmente concreto: la suma de las cuotas mensuales derivadas de los acuerdos celebrados dentro del procedimiento no podría superar el 30% del ingreso mensual neto de la persona deudora. Para ingresos variables, se tomaría un promedio razonable de los ingresos acreditados.

Además, una propuesta de reestructuración debería incluir al menos dos de tres medidas: ampliación del plazo de pago, reducción de la tasa de interés o quita total o parcial del capital adeudado. Las tasas y cargos deberían guardar una relación razonable con la operación, el capital, las condiciones económicas, el plazo y la capacidad de pago de la persona consumidora.

Un registro para quienes prestan dinero

El proyecto de Tignanelli también avanza sobre un aspecto que excede la relación individual entre deudor y acreedor: la actividad de quienes otorgan préstamos de manera habitual. La iniciativa crea un Registro Provincial de Prestamistas y establece que quienes queden alcanzados deberían inscribirse antes de ofrecer, publicitar u otorgar créditos en territorio bonaerense.

El registro incluye información sobre las empresas o personas prestadoras, sus plataformas digitales, contratos, tasas, costo financiero total, cargos, comisiones y sistemas de cobranza. Las entidades financieras sometidas al control del Banco Central quedan excluidas de la obligación de inscripción registral, aunque el propio proyecto aclara que esa exclusión no las libera del cumplimiento de las demás disposiciones que resulten aplicables.

El régimen también establece consecuencias para quienes otorguen préstamos sin estar registrados y un esquema de infracciones y sanciones que contempla apercibimientos, multas, suspensión o cancelación de la inscripción, inhabilitación temporal y clausura, según el caso.

La discusión que quedó abierta en comisiones

El tratamiento del proyecto de Tignanelli tuvo una particularidad durante el plenario del viernes. El presidente de Legislación General, Rubén Eslaiman, había previsto que el diputado explicara personalmente la iniciativa y respondiera las preguntas de los integrantes de las comisiones, debido al alcance del régimen y a su componente judicial.

Sin embargo, Tignanelli no logró conectarse en ese momento. Después de la votación del régimen judicial de reestructuración de deudas, Eslaiman dispuso un cuarto intermedio para intentar incorporar al diputado a la reunión. El expediente finalmente avanzó y fue aprobado en comisiones. La discusión sobre algunos de sus alcances quedó, sin embargo, vinculada a las dudas planteadas durante el tratamiento y a las aclaraciones que deberán terminar de abordarse antes de la sesión.

Así, el martes llegará al recinto un conjunto de proyectos que tienen un punto de contacto: la protección de consumidores frente al endeudamiento. Aunque intervienen sobre aspectos diferentes: qué información debe recibir quien toma un crédito, cómo puede publicitarse una financiación, qué prácticas de cobranza quedan prohibidas, cómo se puede reestructurar una deuda por vía judicial y qué sucede cuando una persona ya no puede afrontar sus obligaciones como un conjunto.

La discusión legislativa, en definitiva, no pasa solamente por si una deuda debe pagarse. También pone en debate bajo qué condiciones se contrata, cómo se calcula y renegocia, qué límites existen para reclamarla y qué herramientas puede tener una persona cuando el conjunto de sus obligaciones ya supera su capacidad de pago.