La democracia tiene sus reglas, la política bonaerense todavía discute cuáles

Las reglas electorales deberían conocerse antes de que empiece la competencia. En la provincia de Buenos Aires, sin embargo, buena parte de la discusión política sobre cómo se votará en 2027 sigue abierta mientras el calendario legislativo se acerca a su cierre. La distancia entre ese principio y la práctica quedó expuesta este martes en la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), durante la II Jornada Latinoamericana de Justicia Electoral y Democracia, organizada por el Centro de Estudios en Derecho Electoral de la facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales.

En el panel “El sistema electoral en la Provincia de Buenos Aires, debates pendientes”, Sofía Vanelli, diputada por el Frente Renovador dentro del bloque Fuerza Patria; Diego Garciarena, presidente del bloque de la UCR en la Cámara baja; y Matías Urraza, senador de La Libertad Avanza, pusieron sobre la mesa distintas propuestas para modificar el sistema electoral bonaerense. Coincidieron en la necesidad de discutirlo, pero las coincidencias terminan cuando llega el momento de definir qué cambiar y cómo hacerlo.

El interrogante ya no es solamente qué instrumentos se utilizarán para votar. También abarca quién controla las decisiones electorales, cómo se eligen las candidaturas, qué límites deben tener los mandatos, cómo se representa a una provincia con profundas diferencias demográficas y qué margen queda para modificar las reglas cuando la próxima elección empieza a asomar en el horizonte.

Reglas estables, una discusión que llega tarde

Garciarena puso el foco en la inestabilidad que producen los cambios electorales atados a las necesidades de cada coyuntura. Para el dirigente radical, la discusión institucional corre el riesgo de quedar subordinada al cálculo de quienes tienen que competir.

“La cuestión electoral en la provincia de Buenos Aires más que ver con una discusión institucional tiene que ver cada vez más con el tacticaje electoral”, planteó durante su exposición. Y advirtió que las reglas terminan convirtiéndose en instrumentos de la disputa por el poder, en lugar de funcionar como un marco conocido de antemano por ciudadanos y partidos.

“Todos deberíamos saber hoy cómo van a ser las reglas del juego de la elección del 2027”, sostuvo.

En una entrevista posterior con El Palco, el diputado volvió sobre la misma preocupación al referirse a las modificaciones que todavía se discuten a pocos meses de que deban presentarse las listas. “Con reglas estables y reglas que uno conozca de antemano”, reclamó, antes de calificar como “un disparate” llegar a esa instancia con incertidumbre sobre posibles cambios.

La advertencia tiene un correlato concreto en el Senado bonaerense. El proyecto que modifica el régimen de reelecciones de intendentes y legisladores continúa sin tratamiento en la comisión de Legislación General, que preside Germán Lago, del sector alineado con Axel Kicillof. Tanto esa iniciativa como las otras referidas al proceso de elecciones, fueron solicitadas formalmente desde la comisión de Reforma Política y Régimen Electoral, encabezada por Malena Galmarini, para darle tratamiento en primera instancia.

Como ya contó El Palco en la nota sobre el proyecto de reelección de intendentes que quedó en disputa entre dos comisiones del Senado, el expediente permanece atrapado en ese recorrido parlamentario. Legislación General volvió a reunirse sin abordar la iniciativa, que todavía tiene por delante el tratamiento en la otra comisión y, eventualmente, el recinto del Senado. Si consiguiera avanzar allí, aún debería iniciar su recorrido por Diputados.

Con las sesiones ordinarias previstas hasta el 30 de noviembre, completar ese camino en lo que resta del año aparece como un escenario de muy difícil concreción. La posibilidad de convocar a extraordinarias no resuelve por sí sola el problema: su agenda depende de las decisiones políticas que se adopten y no implica que los proyectos electorales vayan a incorporarse al temario.

La discusión sobre las reglas de 2027, por lo tanto, no está formalmente clausurada. Pero el calendario y el estado de los expedientes muestran la dificultad de convertir las declaraciones sobre la necesidad de una reforma en decisiones legislativas.

PASO: ¿garantía de competencia o estructura que no cumple su objetivo?

Una de las diferencias más claras del panel apareció al discutir las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias. Garciarena defendió su continuidad tanto a nivel nacional como provincial. Consideró que las PASO representaron un avance frente a las internas partidarias cerradas, en las que las conducciones podían concentrar la decisión sobre las candidaturas y bloquear la competencia.

“Un dueño de la lapicera podía armar las listas en cada partido”, señaló. Desde esa perspectiva, el Estado debe garantizar condiciones democráticas para la selección de candidatos y evitar que las decisiones queden en manos de los sectores mayoritarios de cada fuerza.

También rechazó que el costo económico sea un argumento suficiente para eliminarlas. “A la Argentina le salió mucho más caro no votar que votar”, afirmó, y advirtió que llevar esa lógica al extremo podría terminar poniendo en cuestión el costo de las propias elecciones generales.

Urraza presentó una lectura opuesta. El senador libertario sostuvo que las PASO no cumplieron el objetivo de democratizar la vida interna de los partidos y cuestionó que el Estado financie una instancia en la que, según su exposición, pocas fuerzas presentan competencias realmente disputadas. Pero su argumento fue más allá del costo. Para el libertario, la existencia de primarias no garantiza por sí misma que las conducciones partidarias pierdan el control de las candidaturas.

“Cuando no hay democracia interna, cuando no hay PASO, es porque las cúpulas decidieron no hacer PASO”, planteó. Y agregó que, cuando las primarias sí se realizan, los reglamentos también pueden favorecer a las conducciones. Su propuesta es que los partidos organicen y financien sus propios mecanismos internos.

La diferencia no es menor: para Garciarena, las PASO constituyen una herramienta estatal para asegurar competencia y limitar el poder de las conducciones; para Urraza, no alcanzan para cumplir ese propósito y deberían ser reemplazadas por mecanismos sostenidos por los propios partidos. Ambos dicen defender la democracia interna, pero discrepan sobre el papel que debe desempeñar el Estado para garantizarla.

En lo que respecta a la Boleta Única de Papel (BUP) , en cambio, los tres expositores mostraron posiciones favorables, aunque con distintos énfasis. Garciarena defendió su implementación en la provincia por razones de claridad y transparencia. Urraza consideró que el instrumento garantiza una oferta electoral equivalente en todas las mesas y sostuvo que el diseño puede adaptarse a la cantidad de agrupaciones.

Vanelli, por su parte, puso el acento en la necesidad de discutir los tiempos y las condiciones de aplicación para evitar dificultades logísticas y superposiciones entre los sistemas provincial y nacional. La diputada recordó la experiencia de 2025, cuando Buenos Aires desdobló sus elecciones de las nacionales. La separación permitió diferenciar las agendas provincial y nacional, pero también exigió organizar circuitos electorales distintos, con autoridades y controles diferenciados. El desafío, entonces, no se agota en elegir una boleta: requiere definir cómo se articula todo el proceso.

Reelecciones: una posición personal y una discusión que no se agota en los intendentes

El debate sobre los mandatos volvió a mostrar hasta qué punto una discusión institucional se cruza con los intereses y las posiciones de cada espacio político.

Garciarena se manifestó en contra de las reelecciones indefinidas para los cargos ejecutivos. Sostuvo que la permanencia prolongada en el poder puede generar condiciones desiguales de competencia, porque quien gobierna dispone de recursos y herramientas que sus adversarios no tienen. También vinculó la limitación de los mandatos con la periodicidad propia del sistema republicano.

Sin embargo, el diputado aclaró que se trata de su posición personal y que la UCR todavía no adoptó una postura institucional sobre el tema. La precisión importa en un debate donde las definiciones partidarias suelen leerse como señales sobre eventuales acuerdos legislativos.

Durante la entrevista con este medio, Garciarena también diferenció los cargos ejecutivos de los legislativos: dijo estar de acuerdo con el modelo de la Constitución Nacional, que limita la reelección presidencial pero no establece un límite equivalente para los mandatos de los legisladores. Su planteo es que las reglas queden definidas de manera estable, idealmente dentro de la Constitución provincial, y no vuelvan a discutirse en cada elección.

En la entrevista, además, defendió que el régimen de elección de intendentes y concejales puede modificarse por ley, porque está regulado en la Ley Orgánica de las Municipalidades y no directamente en la Constitución provincial. Admitió, al mismo tiempo, que se trata de una discusión legítima.

La autonomía municipal apareció como otro de los asuntos que, a su juicio, deberían abordarse de manera integral. Garciarena sostuvo que los municipios tendrían que poder definir sus instituciones y mecanismos electorales mediante cartas orgánicas o estatutos propios, en línea con los artículos 5 y 123 de la Constitución Nacional. Aclaró que esa propuesta no debería utilizarse como una salida para eludir el debate actual sobre los límites a las reelecciones.

La discusión, como ya se explicó, tiene una dimensión política inmediata. Mientras sectores del oficialismo provincial defienden la posibilidad de que los intendentes vuelvan a presentarse, el proyecto que busca modificar el régimen vigente continúa sin avanzar en el Senado. El expediente reúne cuestiones que no son idénticas (la reelección de intendentes y la de legisladores), pero que terminan entrelazadas en una negociación donde cada definición puede alterar las expectativas de distintos espacios políticos.

Por eso, el planteo de discutir las reglas de manera integral choca con una dinámica legislativa en la que los proyectos avanzan, se traban o quedan pendientes en medio de diferencias políticas que exceden el diseño institucional.

Una ley de 80 años frente a una democracia distinta

Vanelli amplió el foco más allá de las PASO, la boleta única y las reelecciones. Recordó que este año se cumplen 80 años de la sanción de la Ley 5109, el 30 de octubre de 1946, una de las normas centrales del sistema electoral bonaerense.

Desde su perspectiva, el régimen se fue modificando a través de sucesivas reformas, sin una actualización integral que responda a las transformaciones demográficas, tecnológicas y políticas. El resultado es un sistema que, según describió, muchas veces termina funcionando mediante excepciones.

La diputada identificó tres problemas estructurales: la falta de un mecanismo suficientemente claro de revisión judicial de las decisiones de la Junta Electoral, los cambios de reglas durante los años electorales y una capacidad institucional que no se corresponde con las necesidades actuales.

Entre las alternativas mencionó la creación de juzgados electorales de primera instancia o una cámara especializada que permita revisar las decisiones del organismo. También propuso avanzar hacia un calendario más previsible, establecer reglas claras para la presentación digital de candidaturas y contemplar plazos que permitan resolver las disputas internas de los partidos sin comprometer el cronograma electoral.

La agenda que planteó incluye, además, desafíos que ya atraviesan las campañas: financiamiento político, desinformación, suplantación de identidad, cuentas falsas, bots y contenidos generados mediante inteligencia artificial. Vanelli consideró necesario discutir mecanismos de regulación y sanción, así como el papel de las plataformas digitales que intervienen en la circulación de propaganda y contenidos políticos.

Garciarena coincidió en la necesidad de revisar el financiamiento de las campañas y sumar una ley provincial de acceso a la información pública. También cuestionó la distribución de la representación legislativa por secciones electorales, al señalar que las diferencias poblacionales producen situaciones de subrepresentación y sobrerrepresentación.

Urraza, en cambio, concentró su intervención principalmente en la boleta única, las PASO y el funcionamiento de los partidos políticos. Su planteo de fortalecer las organizaciones partidarias y endurecer las condiciones para crear nuevas fuerzas completa un panorama en el que las coincidencias generales no alcanzan para configurar una agenda compartida.

Vanelli resumió el problema al señalar que la elección bonaerense de 2025 pudo realizarse gracias, en buena medida, a la experiencia de quienes debieron poner en funcionamiento un esquema exigente. Pero advirtió que no debería gobernarse mediante excepciones, sino avanzar en una reforma que responda a las necesidades actuales.

La discusión en la UNLP dejó así una coincidencia de fondo y varias diferencias sustanciales. Los tres legisladores reconocieron que el sistema electoral bonaerense necesita debate y actualización. No coincidieron, sin embargo, en el alcance de las reformas ni en los instrumentos para llevarlas adelante.

Con la elección de 2027 cada vez más cerca y los proyectos todavía pendientes, la pregunta es cuánto de ese diagnóstico podrá traducirse en decisiones. Porque la estabilidad de las reglas no depende solamente de que los dirigentes la reivindiquen en una jornada académica: requiere acuerdos políticos, proyectos tratados y normas aprobadas con tiempo suficiente para que la ciudadanía y las fuerzas que competirán sepan de antemano bajo qué condiciones se desarrollará la próxima elección.