La Ley 13.010 reconoció los derechos políticos de las mujeres en 1947, pero hacerlos efectivos requirió organización y trabajo territorial. Las delegadas censistas designadas por Eva Perón y las primeras legisladoras bonaerenses fueron protagonistas de un proceso que transformó la vida política argentina.Por El Palco Redacción · 11 de noviembre de 2026 Hace 75 años, las mujeres argentinas participaron por primera vez en una elección nacional. Más de tres millones y medio acudieron a las urnas el 11 de noviembre de 1951, en una jornada que marcó un antes y un después en la vida política del país. No se trataba solamente de incorporar nuevas votantes al padrón: por primera vez, las mujeres podían ejercer masivamente ese derecho en una elección presidencial y también ser elegidas para ocupar cargos legislativos nacionales y provinciales. Habían pasado cuatro años desde la promulgación de la Ley 13.010, que reconoció los derechos políticos de las mujeres. Pero entre la conquista legal y su ejercicio efectivo había un camino que recorrer para que el derecho pasara del texto a las urnas. Hacía falta empadronar, documentar, organizar y generar las condiciones para que millones de argentinas pudieran ejercer un derecho que durante décadas les había sido negado. Esa tarea tuvo una dimensión estatal, pero también una dimensión política y territorial. Mientras se desarrollaba el empadronamiento femenino, Eva Perón impulsó una estructura de organización propia para las mujeres dentro del peronismo. Las delegadas censistas, las Unidades Básicas Femeninas y las redes desplegadas por el territorio fueron parte de ese proceso. La participación no terminó en las urnas. En aquella elección, las mujeres también comenzaron a ocupar espacios de decisión parlamentaria. En la provincia de Buenos Aires, 22 mujeres fueron elegidas legisladoras en 1951 y, después de las elecciones de 1954, el número llegó a 35. Sus trayectorias, su actividad legislativa y la interrupción que sufrieron tras el golpe de Estado de 1955 forman parte de una historia que todavía necesita ser reconstruida. A 75 años de aquella jornada, la pregunta no es solamente cuántas fueron las primeras en votar y en ser electas. También importa saber qué trabajo hizo posible esa participación, cómo se organizaron las mujeres para llegar a las instituciones y qué lugar ocuparon una vez que estuvieron allí. Porque esta historia comenzó a escribirse mucho antes. Una lucha que empezó antes de 1947: las primeras sufragista La lucha por el voto femenino se impulsó fuertemente tras la sanción de la Ley Sáenz Peña en 1912 que establecía el voto secreto y obligatorio sólo para los hombres mayores de 18 años. Las mujeres quedaron excluidas de ese sistema electoral, pero no de la discusión política que ya tenía su propio recorrido. Protagonizaron el movimiento sufragista mujeres como Julieta Lanteri, Elvira Rawson de Dellepiane, Cecilia Grierson, Alicia Moreau de Justo y Alfonsina Storni, entre otras. Sus estrategias incluyeron la presentación de proyectos, la organización de agrupaciones y acciones públicas destinadas a cuestionar la exclusión de las mujeres de la ciudadanía política. Uno de los episodios más conocidos fue el de Julieta Lanteri, médica y farmacéutica que encontró una vía para empadronarse y logró votar en las elecciones municipales de la ciudad de Buenos Aires el 26 de noviembre de 1911, convirtiéndose en la primera mujer de Sudamérica en votar. Fue una experiencia excepcional, posible por una interpretación de la normativa vigente que luego fue modificada para impedir que otras mujeres siguieran ese camino. Las autoridades modificaron la ley electoral a través de un fallo judicial y comenzaron a exigir el enrolamiento en el servicio militar obligatorio para figurar en el padrón, excluyendo así a las mujeres de las urnas. Sin embargo, Lanteri no se detuvo y redobló la apuesta. Fundó el Partido Feminista Nacional con el que se postuló a las elecciones como candidata a diputada en 1919. Sin que pudiera votarse ni ella misma, ni una sola mujer, obtuvo más de 1700 voto. Su campaña convirtió su candidatura en una forma de denunciar la exclusión política. En 1920 Lanteri ya no era la única candidata, por la lista del Partido Socialista de Alfredo Palacios, el tercer lugar era de Alicia Riglos de Berón de Astrada. En las décadas siguientes se presentaron distintas iniciativas para reconocer el sufragio femenino que no prosperaron. La conquista de 1947 fue, por eso, un punto de llegada de décadas de militancia y, al mismo tiempo, el comienzo de una nueva etapa. La Ley 13.010: del reconocimiento del derecho a las urnas En la historia del voto femenino aparece una cuestión que sigue vigente: el reconocimiento de un derecho no garantiza, por sí mismo, que el mismo pueda ejercerse plenamente. El 23 de septiembre de 1947 se promulgó la Ley 13.010, reconoció a las mujeres los mismos derechos políticos y obligaciones que a los varones, sin embargo para que pudieran hacerse efectivos había que caminar afuera del Congreso. La misma norma establecía que las mujeres debían contar con una libreta cívica y planteaba un plazo de 18 meses para la confección del padrón femenino que participaría en las elecciones presidenciales de 1951. Eso requirió una tarea que las propias mujeres llevaron adelante lideradas por Eva Duarte de Perón. El 25 de julio de 1949, durante la Asamblea Nacional del Partido Peronista y ante miles de delegados, Juan Domingo Perón anunció formalmente que le encomendaba a Eva la organización y creación de la rama femenina del partido. Al día siguiente, se llevó a cabo la primera asamblea femenina, bajo el lema “Perón cumple, Evita dignifica”, más de 1.500 mujeres se congregaron en el Teatro Nacional Cervantes. Las delegadas censistas: organizar el territorio para llegar a las urnas En julio de 1949, Eva Perón lanzó una estrategia de despliegue territorial y nombró a 23 delegadas censistas distribuidas entre las provincias y los territorios nacionales de la época. La tarea no consistía únicamente en organizar afiliaciones: debían construir una red política capaz de llegar a cada distrito, identificar referentes locales y poner en funcionamiento Unidades Básicas Femeninas (UBF) en las que estaba prohibido el ingreso de hombres. El objetivo era evitar que los caudillos políticos locales pudieran condicionar la tarea. El trabajo de las censistas implicaba viajar, recorrer localidades, convocar mujeres, conseguir locales y organizar las estructuras partidarias. Las dificultades eran concretas: las distancias y la falta de documentación de algunas habitantes de zonas rurales podían obstaculizar el acceso a los derechos políticos. Las reconstrucciones históricas sobre el empadronamiento registran, además, gestiones tales como obtener actas de bautismo en las iglesias para acreditar identidades. En ese contexto, las censistas fueron protagonistas de un trabajo que conectó la conducción política con la vida cotidiana de pueblos y municipios. Catalina Inés Allen y la organización bonaerense En la provincia de Buenos Aires, la responsabilidad de organizar el Partido Peronista Femenino recayó en Catalina Inés Allen, designada por Eva Perón como delegada censista. La esposa del gobernador bonaerense, Elena Caporale de Mercante la puso en funciones el 6 de noviembre de 1949 para organizar el censo femenino peronista en la provincia. Así comenzaba la tarea de empadronamiento que, en territorio bonaerense, debido a su gran extensión geográfica, requirió que se creara la figura de la subdelegada censista. Catalina Allen viajaba a cada municipio para tomar juramento al tiempo que reorganizaba el partido a nivel provincial, desarticulando centros femeninos que se habían abierto con anterioridad, reemplazando dirigentas e impulsando un ordenamiento y recambio. Elena Caporale de Mercante también había tenido un papel relevante en la organización femenina bonaerense. A través de la asistencia social y de la Obra de Ayuda Social de la Gobernación, que funcionaba en la residencia gubernamental, había construido una presencia territorial antes de la consolidación del PPF. Su intervención fue importante en la etapa inicial, aunque la responsabilidad formal de organizar el partido en la provincia correspondía a la delegada censista designada por Eva. Según las investigaciones de la historiadora Carolina Barry, antes de las elecciones de 1951 la provincia de Buenos Aires contaba con unas 800 Unidades Básicas Femeninas (UBF). En esos espacios se realizaban reuniones políticas y actividades como cursos de corte y confección, tejido, dactilografía y alfabetización, además de apoyo escolar y gestiones de asistencia social. Eran lugares de organización partidaria, pero también de encuentro y formación para mujeres que, en muchos casos, no habían tenido experiencia política previa. La composición de esas estructuras también fue parte de la transformación. Eva fue determinante en su negativa a designar a esposas de gobernantes, funcionarios o dirigentes políticos. En cambio, las UBF estaban integradas por maestras, amas de casa, directoras de escuelas, empleadas y trabajadoras vinculadas con organizaciones sociales. Esto implica no sólo un cambio en la composición social de las mujeres integrantes de la agrupación, sino también cierta independencia en cuanto a su reclutamiento respecto a los dirigentes masculinos del partido. Una investigación sobre las agrupaciones femeninas de Junín, citada en Muchachas bonaerenses, describe ese cambio a partir de la incorporación de mujeres del mundo obrero y sindical y de una docente sin vínculos con los dirigentes masculinos del peronismo local. La experiencia muestra que la organización femenina también modificó quiénes podían participar y cómo eran convocadas. La construcción de esa estructura tuvo un salto institucional con el Partido Peronista Femenino (PPF). Su creación jerarquizó la rama femenina dentro del movimiento, junto con el Partido Peronista y la CGT. Eva Perón asumió la conducción de la organización y las mujeres contaron con sus propias unidades básicas y autoridades partidarias. La novedad no fue solamente la cantidad de mujeres que se incorporaron, sino la construcción de una organización política con reglas, responsabilidades y presencia territorial propias. El 11 de noviembre de 1951: las mujeres llegan a las urnas En las elecciones nacionales del 11 de noviembre de 1951, las mujeres votaron por primera vez en una elección presidencial y legislativa nacional. Esa jornada 3.816.654 ciudadadnas emitieron su sufragio, el 90,32% del padrón femenino. La cifra reflejó la magnitud de la participación: las mujeres representaban casi la mitad del padrón general y su incorporación transformó la composición del electorado. Juan Domingo Perón fue reelegido con el 63,4% de los votos. Eva Perón también votó por primera y única vez en su vida. Debido a su enfermedad, lo hizo desde la cama del Policlínico Presidente Perón, en Lanús, donde estaba internada. La elección abrió además la posibilidad de que las mujeres ocuparan cargos legislativos. A nivel nacional fueron elegidas 23 diputadas y seis senadoras. También hubo tres mujeres entre los diez delegados territoriales electos, una categoría institucional distinta de las bancas legislativas. En los legislativos provinciales de todo el país, las mujeres también accedieron a cargos. El Partido Peronista fue la única fuerza política que logró que sus candidatas resultaran electas en ambas cámaras nacionales, aunque otros partidos también habían incluido mujeres en sus listas. La participación femenina no fue, entonces, solamente un cambio en el padrón electoral. También alteró la composición de las instituciones y abrió una nueva etapa en la representación política. Las primeras legisladoras bonaerenses En la provincia de Buenos Aires, 22 mujeres fueron elegidas legisladoras en 1951. Después de las elecciones intermedias de 1954, el número de mujeres que habían accedido a la Legislatura provincial llegó a 35. Las primeras asumieron formalmente sus bancas en abril de 1952. Entre ellas había trabajadoras, docentes, empleadas y mujeres vinculadas con la actividad sindical. La agenda parlamentaria incluyó asuntos relacionados con las condiciones laborales, la igualdad salarial, la salud pública, la atención materno-infantil, la educación y los derechos civiles y familiares. Pero no se limitó a esas cuestiones. Las reconstrucciones históricas sobre la experiencia legislativa bonaerense también registran intervenciones en debates sobre economía, presupuesto y relaciones internacionales. Esa amplitud importa porque cuestiona una mirada que reduce la participación de las mujeres a los temas tradicionalmente considerados femeninos. Las legisladoras no llegaron únicamente a representar a las mujeres: llegaron a discutir qué debía hacer el Estado. Entre las figuras de aquella etapa se destacó María Pilar González, trabajadora telefónica y delegada gremial que llegó al Senado bonaerense y tuvo participación en comisiones legislativas. Su trayectoria es una de las que permiten reconstruir el vínculo entre el mundo del trabajo, la organización política y la representación parlamentaria. La reconstrucción de estas experiencias todavía está en curso. La Cámara de Diputados bonaerense conserva documentación e investigaciones sobre las 35 legisladoras, incluidas actuaciones judiciales vinculadas con sus trayectorias y patrimonios. El golpe de 1955 y la interrupción de una experiencia política El golpe de Estado de septiembre de 1955 interrumpió las trayectorias de aquellas legisladoras. Las mujeres que habían llegado a sus bancas por el voto popular fueron desplazadas de sus cargos en el marco del derrocamiento del gobierno constitucional y, luego, la proscripción del peronismo. La persecución no se limitó a la pérdida de representación institucional. Distintas reconstrucciones históricas registran casos de detenciones, exilio, proscripción y pérdida de empleos por razones de filiación política. Las consecuencias fueron distintas en cada trayectoria, pero la experiencia colectiva quedó marcada por la interrupción de la actividad política y por las dificultades para reconstruir esas biografías. La invisibilización posterior también contribuyó a que muchas de esas mujeres quedaran relegadas de la memoria pública. Recuperar sus nombres, sus proyectos y sus intervenciones parlamentarias permite reconstruir una dimensión de la historia bonaerense que no puede explicarse solamente a partir de los grandes liderazgos. La conquista del voto había abierto una puerta, pero detrás de ella hubo una tarea organizativa sostenida, una transformación en la composición de las instituciones y una experiencia política que el golpe de 1955 interrumpió. Militar las leyes: del derecho reconocido a su aplicación efectiva La gesta histórica que permitió a las mujeres llegar a las urnas fue el resultado de la militancia previa y posterior a la sanción de la ley, y aparece ahí una cuestión que sigue vigente: el reconocimiento de un derecho no garantiza, por sí mismo, que pueda ejercerse plenamente. En 1947 se sancionó la Ley 13.010, sin embargo, hubo que construir las condiciones materiales, territoriales y políticas para que millones de mujeres pudieran votar y participar de la vida pública. Trazando un paralelismo con la actualidad, en la provincia de Buenos Aires, la reciente sanción de la Ley Ema vuelve a poner esa cuestión en primer plano. La norma crea un programa provincial de prevención y abordaje integral de la violencia digital en los ámbitos educativos, con herramientas para promover entornos digitales seguros y fortalecer la prevención, la detección y el acompañamiento ante situaciones de violencia. Detrás de esa ley hubo un proceso colectivo que comenzó mucho antes de su sanción. La iniciativa impulsada por la diputada Mayra Mendoza se articuló con el proyecto de la senadora Laura Clark, ambas legisladoras por el bloque de Fuerza Patria. El trabajo se desarrolló junto con Laura Sánchez, la mamá de Ema Bondaruk, y con organizaciones y actores que venían impulsando respuestas frente a la violencia digital. En ese recorrido también tuvo participación la actual senadora provincial Mónica Macha, que presentó una iniciativa en el Congreso cuando aún ocupaba su banca como diputada nacional. Cada una intervino desde un ámbito institucional distinto, pero sus aportes permiten ver cómo una demanda social puede avanzar desde la organización de las familias y la sociedad civil hacia la construcción de una política pública. La denominada Ley Ema fue aprobada en la Legislatura bonaerense en octubre de 2026. Su aplicación, como ocurre con toda norma, requiere ahora el desarrollo de herramientas, protocolos y acciones que permitan llevar sus objetivos a las escuelas y a las comunidades educativas. La historia del voto femenino deja una enseñanza que atraviesa el tiempo: conquistar un derecho en el plano legal es apenas una parte del camino. Después hay que crear las condiciones para ejercerlo, sostenerlo y convertirlo en una transformación concreta. “Hay cosas que vos necesitás que tengan letra. Pero después es mucho de militar las leyes“, declaró Malena Galmarini en una entrevista con este medio sobre la Ley Ema y resumió el concepto en una frase: “Las leyes no son mágicas”. La historia de las sufragistas, el trabajo territorial de las 23 delegadas censistas y la llegada de las primeras legisladoras a los recintos parlamentarios muestran cuánto trabajo político, social e institucional puede haber detrás de un derecho reconocido. Décadas después, la experiencia de la Ley Ema vuelve a apoyarse en esa misma búsqueda: generar las condiciones para que una conquista legal no quede en el papel y se convierta en una herramienta efectiva para la vida cotidiana. Fuentes consultadas: Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires Argentina.gob.ar, Voto femenino: historia y acciones: Barry, Carolina (2021): “Chicas de provincias argentinas: notas sobre la inclusión y representación femenina en legislaturas y convenciones constituyentes entre 1951 y 1955” Muchachas bonaerenses, CEDINPE-UNSAM Navegación de entradas “La Provincia no necesita más relatos épicos de soberanía sanitaria” Tierra, techo y trabajo: el mensaje que dejó León XIV