Mónica Macha: “Hoy la violencia digital de género no es delito en Argentina”

La violencia digital ya forma parte de la vida cotidiana, , pero las respuestas institucionales todavía aparecen fragmentadas. En la Provincia de Buenos Aires, la senadora Mónica Macha impulsa un proyecto para incorporar expresamente esta modalidad a la Ley 12.569 de Violencia Familiar y establecer mecanismos concretos de protección para quienes atraviesan estas situaciones.

La iniciativa obtuvo dictamen favorable por mayoría en la Comisión de Niñez y Adolescencia y propone modificar la legislación provincial para reconocer como violencia familiar aquellas agresiones ejercidas mediante tecnologías de la información y la comunicación.

“Lo más urgente es el reconocimiento de la violencia”, explicó Macha en diálogo con EL PALCO.

Para la senadora, que una conducta sea reconocida legalmente como una forma de violencia permite después desarrollar políticas desde el Poder Ejecutivo y contar con herramientas para la intervención judicial. “Lo que no se nombra, no existe”, destacó la senadora de Fuerza Patria.

El proyecto incorpora la violencia digital como toda conducta, acción u omisión ejercida mediante tecnologías de la información y la comunicación que afecte la dignidad, libertad, intimidad, identidad, reputación, seguridad o inclusión digital de las personas alcanzadas por la Ley de Violencia Familiar.

La propuesta también busca que las medidas de protección contemplen el espacio digital. Entre otras herramientas, permite ordenar el cese del contacto por cualquier tecnología o aplicación de mensajería y solicitar a plataformas, redes sociales o páginas web la eliminación de contenidos que constituyan violencia digital.

Además, contempla la preservación de evidencia digital, el aseguramiento de datos informáticos y la posibilidad de disponer medidas sobre sitios o contenidos cuando resulte necesario para proteger a la víctima. El objetivo, según los fundamentos del proyecto, es que la respuesta pueda ser rápida y preventiva, incluso cuando la conducta investigada no configure un delito.

“Lo que más urgente necesitamos es eso: el reconocimiento de la violencia. Porque eso habilita al Poder Ejecutivo para crear política pública y al Poder Judicial para tener una herramienta a la hora de analizar las situaciones y poder así generar sentencias con el reconocimiento de la violencia en la ley”, explica.

Macha cuenta que trabajaron esta cuestión con fiscales del Departamento Judicial de Morón, quienes también señalaron la necesidad de contar con esa herramienta. A nivel nacional, en tanto, menciona la Ley Belén, que propone modificar el Código Penal para incorporar la violencia digital como delito. “Hoy la violencia digital de género, la violencia digital, no es delito en la Argentina”, afirma.

En la Provincia, reconoce que las herramientas son diferentes porque la modificación del Código Penal corresponde al ámbito nacional, aunque considera necesario avanzar con mecanismos vinculados a contravenciones y faltas mientras se discute una legislación nacional.

Ley Ema: una herramienta pensada para las violencias entre adolescentes

La Ley Ema forma parte de la misma preocupación por las violencias que se reproducen en los entornos digitales, pero se trata de otra iniciativa legislativa, con un objetivo específico: trabajar sobre las situaciones de violencia entre adolescentes.

Macha contó que el proyecto comenzó en 2024 a partir de la experiencia de Laura Sánchez, (la mamá de la adolescente que se quitó la vida luego de que se difundieran imágenes de ella en la escuela a la que asistía), y de la Guía Ema, y que luego fue trabajado junto a organizaciones vinculadas a la problemática. La propuesta fue pensada para intervenir especialmente en el ámbito educativo.

“El escenario fundamental es la escuela”, explicó la senadora.

La iniciativa parte de una dificultad concreta: muchas veces las familias, docentes y los propios adolescentes no cuentan con herramientas para identificar qué está ocurriendo ni saben cómo actuar frente a situaciones de violencia digital.

“Cuando empezamos a trabajar con Guía Ema, el primer diagnóstico de la propia Laura Sánchez era que ni la escuela ni la familia sabían qué hacer frente a esta situación. De hecho, ella dice que hasta que pasó lo de Ema no sabía ni que existía la violencia de género digital”, relata.

La senadora considera que ese desconocimiento puede generar respuestas muy diferentes: desde acompañar aun sin tener todas las herramientas hasta correrse de la situación. “Me parece que lo que pasó con la escuela tiene más que ver con eso, con un corrimiento por desconocimiento, porque es todo muy traumático lo que pasó”, analiza.

“Estamos frente a una problemática que nos excede, que es muy masiva, que se presenta fundamentalmente entre los pibes y nadie sabe qué hacer. Por eso nuestra propuesta tiene que ver con acercar herramientas, poder pensarlo y pensarlo en comunidad”, sostiene. Y allí vuelve a aparecer la necesidad de construir una red colectivamente.

La propuesta busca entonces llevar herramientas a las escuelas, trabajar con los centros de estudiantes y generar espacios comunitarios que permitan que adolescentes y adultos puedan hablar sobre estas situaciones antes de que la respuesta llegue cuando el daño ya está producido.

En ese recorrido también aparece otro proyecto, presentado posteriormente por Mayra Mendoza, que modifica la Ley de Educación. Macha remarcó que se trata de una iniciativa diferente y planteó la necesidad de articular los distintos trabajos legislativos que existen sobre la problemática.

“El problema no son las tecnologías, el desafío es político”

La discusión sobre violencia digital, para Macha, no puede reducirse al uso que hacen los adolescentes de las redes sociales. El 2 de septiembre, luego de un encuentro con Laura Sánchez para analizar los desafíos que plantea la violencia digital a 20 años de la sanción de la Educación Sexual Integral (ESI), la senadora sintetizó su posición: “El problema no son las tecnologías, el desafío es político”.

En esa misma línea, planteó que los adultos tienen una responsabilidad frente a los territorios digitales que habitan niñas, niños y adolescentes. Señaló además que las plataformas están dirigidas por adultos y varones y cuestionó que la responsabilidad frente a los riesgos recaiga exclusivamente sobre quienes son usuarios más jóvenes.

La propuesta, sostuvo, implica que el mundo adulto se haga las preguntas necesarias, habite esos espacios, escuche a los adolescentes y genere políticas acordes a las nuevas formas de vinculación.

Días después, durante su participación en el II Congreso Internacional de Ciudadanía Digital, realizado en Córdoba, Macha volvió sobre el mismo eje al referirse a las violencias digitales como una problemática que requiere respuestas urgentes.

“Regular, prevenir, acompañar y legislar son tareas fundamentales para construir entornos digitales más seguros”, sostuvo.

La discusión legislativa bonaerense se mueve así en dos planos complementarios pero distintos: por un lado, la necesidad de que la Provincia reconozca expresamente la violencia digital dentro de su legislación sobre violencia familiar y cuente con herramientas concretas para proteger a las víctimas; por otro, la construcción de políticas y dispositivos específicos para acompañar a adolescentes y comunidades educativas frente a una problemática que ya forma parte de su vida cotidiana.