Durante más de dos años, la discusión por los fondos que la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) dejó de transferir al Instituto de Previsión Social (IPS) fue presentada, en gran parte, como un nuevo capítulo de la disputa política entre el gobierno de Javier Milei y la administración de Axel Kicillof. Sin embargo, el expediente que tramita ante la Corte Suprema de Justicia excede ampliamente esa lectura. Lo que está en discusión no es solamente una deuda que ya asciende a $2,3 billones, sino el mecanismo mediante el cual se financian las cajas jubilatorias provinciales y, en definitiva, las condiciones bajo las cuales se sostienen las jubilaciones de más de dos millones de bonaerenses entre trabajadores activos y pasivos. La controversia ingresó ahora en una nueva etapa. Luego de la tercera audiencia convocada por la Corte Suprema, el Gobierno bonaerense dio por terminada la instancia de conciliación y anunció que solicitará una medida cautelar para que la Justicia ordene el restablecimiento inmediato de las transferencias. “El Gobierno nacional se había comprometido a llegar a esta audiencia con una propuesta de adelantos, pero nuevamente dijeron que todavía tenían que realizar una serie de trabajos técnicos. En base a ello, dimos por terminada esta etapa de conciliación y decidimos avanzar por la vía cautelar”, sostuvo el gobernador Axel Kicillof tras el encuentro. ¿Por qué ANSES le debe dinero al IPS? La primera pregunta que suele aparecer es también la más importante: ¿por qué ANSES debería transferir recursos a una caja previsional provincial? La respuesta está en la propia organización del sistema jubilatorio argentino. Cuando a fines de los años noventa comenzó el proceso de transferencia de cajas previsionales provinciales al Estado nacional, no todas las jurisdicciones aceptaron incorporarse al régimen administrado por ANSES. Trece provincias, entre ellas Buenos Aires, conservaron sus sistemas previsionales propios. Esa decisión tuvo una consecuencia directa: como los regímenes provinciales podían presentar diferencias respecto del sistema nacional, el Estado nacional asumió el compromiso de compensar financieramente esos desfasajes. No se trata de un subsidio ni de una asistencia discrecional. Se trata de un mecanismo previsto por distintas normas que fueron consolidando ese esquema durante más de dos décadas. El primer antecedente fue el Compromiso Federal de 1999. Más tarde, la Ley de Reparación Histórica de 2016 profundizó ese sistema al establecer que, mientras se realizaban las auditorías correspondientes, ANSES debía efectuar anticipos mensuales utilizando un mecanismo de simulación que permitiera estimar cuánto correspondería transferir a cada provincia. Finalmente, el Consenso Fiscal de 2017 eliminó las penalidades que existían para aquellas provincias que decidieran mantener reglas previsionales diferentes a las nacionales. En otras palabras: la obligación de financiar parcialmente las cajas provinciales no depende de una decisión política del gobierno de turno, sino de un entramado normativo que continúa vigente. ¿Qué cambió con la llegada del Gobierno nacional? El conflicto comenzó cuando el Gobierno nacional suspendió esos anticipos automáticos mediante la interrupción de los artículos presupuestarios que habilitaban las transferencias. Desde entonces, Nación sostiene que los envíos dependen de la realización de auditorías y de los procesos de armonización entre los sistemas previsionales provinciales y el nacional. La Provincia responde que las auditorías continúan demorándose desde hace años y recuerda que justamente el mecanismo de anticipos fue creado para evitar que esas demoras dejaran sin financiamiento a las cajas provinciales. Ese desacuerdo terminó judicializándose. Mientras la Provincia de Buenos Aires sostiene que ANSES incumple obligaciones previstas por ley, Nación argumenta que sin auditorías completas no corresponde continuar con las transferencias en los términos reclamados. ¿Qué busca ahora la Provincia ante la Corte Suprema? Con la instancia de conciliación finalizada, el Gobierno bonaerense resolvió avanzar mediante una medida cautelar. Una cautelar no resuelve definitivamente quién tiene razón en el litigio. Su objetivo es evitar que el eventual perjuicio continúe agravándose mientras la causa principal sigue su curso. En este caso, la Provincia pretende que la Corte ordene a ANSES restablecer inmediatamente las transferencias mientras se discute el fondo del expediente. La jurisprudencia de la propia Corte ha reconocido históricamente el derecho de las provincias a recibir los recursos previstos para el sostenimiento de sus sistemas previsionales cuando existen obligaciones legales o acuerdos vigentes. Esa es una de las razones por las cuales en el Gobierno bonaerense mantienen expectativas favorables respecto del proceso judicial. El otro debate: dos modelos previsionales en tensión La deuda, sin embargo, es solamente una parte del conflicto. La discusión también enfrenta dos concepciones distintas sobre cómo debe funcionar un sistema jubilatorio provincial. Buenos Aires ha rechazado históricamente avanzar hacia una armonización plena con el régimen nacional porque considera que eso implicaría resignar derechos adquiridos por sus trabajadores. Entre las principales diferencias aparecen tres aspectos centrales. Una movilidad propia Mientras el régimen nacional ajusta los haberes mediante la fórmula vigente para las jubilaciones nacionales, el IPS mantiene un sistema donde muchos aumentos salariales obtenidos en las paritarias de cada sector también impactan sobre los jubilados pertenecientes a ese mismo régimen. Por esa razón, los incrementos otorgados como sumas no remunerativas o bonos suelen generar preocupación entre los trabajadores provinciales: al no incorporarse al salario básico, tampoco repercuten del mismo modo sobre las futuras jubilaciones. El cálculo del haber Otra diferencia relevante es la forma de calcular la jubilación. En el régimen bonaerense, el haber se determina tomando como referencia el mejor cargo o el mejor salario alcanzado dentro de la carrera laboral, mientras que el sistema nacional utiliza criterios distintos basados en promedios de remuneraciones. Edad y condiciones de retiro También existen diferencias respecto de la edad jubilatoria, los años de aportes y otras condiciones específicas según cada actividad. Modificar esas reglas para armonizarlas con Nación constituye uno de los puntos de mayor resistencia política y sindical dentro de la provincia de Buenos Aires. Mucho más que una deuda Aunque el reclamo judicial se concentra hoy en los $2,3 billones que la Provincia afirma que ANSES adeuda al IPS, el alcance del expediente es considerablemente mayor. Durante este tiempo, Buenos Aires sostuvo el funcionamiento del sistema previsional utilizando recursos propios, evitando que la interrupción de las transferencias afectara el pago de jubilaciones y pensiones. Sin embargo, cuanto más se prolonga el conflicto, mayor es el esfuerzo financiero que debe realizar la Provincia para cubrir recursos que, según sostiene, deberían provenir del Estado nacional. La resolución que adopte la Corte Suprema no solo determinará cómo continúa este litigio. También podría fijar criterios sobre el financiamiento de las cajas previsionales provinciales, el alcance de las obligaciones de ANSES y el margen que conservan las provincias para sostener regímenes jubilatorios con características propias. En definitiva, detrás de una cifra multimillonaria y de una nueva disputa judicial entre Nación y Provincia, se discute el futuro de uno de los pilares del sistema previsional bonaerense. Navegación de entradas Sin Kicillof en la Catedral, el Tedeum del 25 de Mayo dejó un mensaje sobre trabajo y soberanía Kicillof busca blindar por ley su política sanitaria con dos proyectos clave que ya ingresaron al Senado
