Mientras la agenda legislativa permanece atravesada por el calendario electoral y el receso invernal, el gobierno de Axel Kicillof ya puso sobre la mesa dos de los proyectos que aspira a convertir en algunas de las principales leyes de gestión antes del final del mandato. Ambos ingresaron al Senado bonaerense y apuntan a consolidar una política sanitaria con mayor intervención del Estado provincial: la creación del Sistema Integrado de Salud de la Provincia de Buenos Aires (SIPBA) y del Centro de Industria Farmacéutica Bonaerense (CIFB). Las iniciativas comparten una lógica política. No se trata solamente de lanzar nuevas herramientas, sino de dar rango legal a políticas que la Provincia ya comenzó a desarrollar a través de la cartera de Salud que conduce Nicolás Kreplak, de manera que no dependan exclusivamente de la decisión del gobierno de turno. La estrategia no es nueva. El Ejecutivo ya siguió ese camino con otros proyectos, como el que busca convertir en permanentes los beneficios fiscales para el sur bonaerense, reemplazando las sucesivas prórrogas que durante más de dos décadas debieron dictarse desde el Poder Ejecutivo. Un sistema de salud integrado El primero de los proyectos crea formalmente el Sistema Integrado de Salud de la Provincia de Buenos Aires (SIPBA). Aunque varias de sus herramientas ya funcionan en numerosos municipios, el Gobierno busca establecer un marco legal que permita extenderlas a todo el territorio bonaerense. Uno de sus ejes centrales es la interoperabilidad de la información sanitaria. La intención es que la historia clínica digital, los estudios y registros médicos puedan ser consultados por los distintos efectores de salud, evitando que cada paciente deba comenzar de cero cada vez que cambia de hospital, centro de salud o nivel de atención. La iniciativa también incorpora al sistema a hospitales municipales, clínicas privadas, obras sociales y empresas de medicina prepaga, que deberán adecuarse a los estándares de integración previstos por la Provincia. Además, contempla mecanismos de coordinación para situaciones de emergencia sanitaria, permitiendo una respuesta articulada entre los distintos subsistemas. Para el Ejecutivo, el objetivo es reducir la fragmentación del sistema sanitario bonaerense y garantizar una mayor continuidad en la atención de los pacientes. Una farmacéutica estatal con mayor autonomía El segundo proyecto propone crear el Centro de Industria Farmacéutica Bonaerense (CIFB) bajo la figura de una sociedad anónima con participación estatal mayoritaria. Su misión será investigar, desarrollar y producir medicamentos, vacunas, principios activos e insumos médicos destinados prioritariamente al sistema público de salud. Sin embargo, la iniciativa no parte desde cero. Actualmente esas tareas ya son desarrolladas por el Instituto Biológico “Dr. Tomás Perón”, organismo dependiente del Ministerio de Salud bonaerense que desde hace décadas produce medicamentos para hospitales públicos. Creado en 1947 junto con el Ministerio de Salud provincial e inaugurado formalmente por Eva Perón en 1950, el Instituto constituye el principal laboratorio público de la provincia. Solo durante el último año produjo cerca de 45 millones de comprimidos destinados al sistema sanitario público. Precisamente allí radica una de las principales novedades del proyecto. La intención del Ejecutivo es conservar la capacidad científica y tecnológica acumulada por el Instituto Biológico, pero dotarla de una estructura jurídica más flexible que permita operar con mayor rapidez y competir en mejores condiciones con el sector privado. ¿Qué cambia? La nueva empresa tendría mayores facultades comerciales que el actual Instituto Biológico. Podría importar y exportar insumos, comercializar patentes y licencias, celebrar asociaciones con universidades, organismos públicos o laboratorios privados y realizar compras sin quedar alcanzada por buena parte de los procedimientos administrativos que hoy rigen para la administración pública. Según argumenta el Gobierno, esa mayor autonomía permitiría reducir tiempos burocráticos para adquirir equipamiento, reparar maquinaria o incorporar tecnología, mejorando la capacidad de respuesta frente a emergencias sanitarias. El proyecto también se apoya en otro concepto que aparece reiteradamente en los fundamentos: la soberanía sanitaria. Para el Ejecutivo, fortalecer la producción pública de medicamentos permite disminuir la dependencia de laboratorios privados, establecer precios de referencia y garantizar el desarrollo de tratamientos incluso para enfermedades que resultan poco rentables para el mercado farmacéutico. Un punto que promete debate Uno de los aspectos que probablemente concentre la discusión legislativa es el régimen laboral previsto para la nueva empresa. El proyecto establece que sus trabajadores quedarán alcanzados por la Ley de Contrato de Trabajo, en lugar del régimen de empleo público provincial, aunque conservarán tanto el IOMA como la caja previsional bonaerense. Se trata de uno de los puntos que ya comenzó a generar consultas dentro del propio Instituto Biológico y que podría recibir modificaciones durante el tratamiento en comisiones. Una apuesta a largo plazo Con estos dos proyectos, el Gobierno bonaerense busca consolidar jurídicamente dos pilares de su política sanitaria: la integración del sistema de salud y el fortalecimiento de la producción pública de medicamentos. Si prosperan en la Legislatura, ambas iniciativas no solo modificarán la organización sanitaria de la Provincia, sino que también dejarán establecidas por ley herramientas que el Ejecutivo pretende convertir en políticas de Estado más allá del final de la actual gestión. Navegación de entradas Diputados aprobó un proyecto para hacer permanentes los beneficios fiscales en el sur bonaerense Malvinas: Diputados amplió el régimen previsional y reabrió una vieja interna
