Lo que parecía una modificación técnica a una ley previsional terminó exponiendo una de las discusiones más sensibles que atraviesan a quienes combatieron en la Guerra de Malvinas. La Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires aprobó la modificación del régimen previsional especial establecido por la Ley 15.386, incorporando a oficiales y suboficiales veteranos de la Guerra de Malvinas al beneficio que hasta ahora alcanzaba únicamente a los soldados conscriptos. La iniciativa, que ya contaba con media sanción del Senado, fue aprobada con el acompañamiento de prácticamente todos los bloques políticos. Pero detrás del consenso legislativo quedó al descubierto una disputa que excede ampliamente la cuestión previsional. De un lado, oficiales y suboficiales que reclaman desde hace años ser reconocidos en igualdad de condiciones que el resto de los veteranos. Del otro, organizaciones de excombatientes que advierten sobre la necesidad de impedir que responsables de violaciones a los derechos humanos durante la guerra puedan acceder a beneficios especiales. Qué se modifica: ampliación de beneficios y exclusiones El régimen especial funciona dentro del Instituto de Previsión Social (IPS) de la provincia de Buenos Aires y está pensado para veteranos que, tras regresar de la guerra, desarrollaron su vida laboral como trabajadores del Estado bonaerense: auxiliares de escuelas, administrativos, personal de salud u otros agentes públicos que realizaron durante décadas sus aportes previsionales al organismo provincial. La ley les permite acceder a una jubilación bajo condiciones diferenciales, entre ellas la posibilidad de un retiro anticipado respecto del régimen general, como reconocimiento a las secuelas físicas y psicológicas que dejó el conflicto bélico. Hasta ahora ese régimen contemplaba únicamente a los soldados conscriptos. La modificación aprobada incluye también a oficiales y suboficiales. La incorporación de militares con carrera de grado no fue automática. Durante el tratamiento legislativo se introdujeron modificaciones destinadas a responder a los cuestionamientos que habían frenado durante años la ampliación del beneficio. El texto aprobado establece la posibilidad de que oficiales y suboficiales combatientes de Malvinas se jubilen a los 55 años con 20 años de servicios, pero endurece los requisitos para acceder a ese régimen especial. Entre ellos, exige que el retiro de la fuerza no haya obedecido a causales disciplinarias graves, impide el acceso a quienes ya perciben determinadas prestaciones previsionales militares y amplía las causales de exclusión para personas condenadas o alcanzadas por delitos vinculados al orden constitucional o por incumplimientos graves durante el servicio. Según sostuvo el oficialismo durante el debate, esos cambios buscan garantizar que el beneficio alcance únicamente a quienes cumplen con los requisitos previstos por la ley y evitar que pueda extenderse a personas involucradas en hechos incompatibles con el espíritu de la norma. Una ley que reabrió un viejo debate Aunque la votación terminó con amplio consenso político, la discusión venía desarrollándose desde hacía años. Para el sector de oficiales y suboficiales que impulsó la modificación, la legislación bonaerense mantenía una diferencia que consideran injustificada . “La Constitución de la provincia habla de veteranos de guerra. No habla de soldados ni de suboficiales; habla de veteranos“, resumió Alberto, uno de los excombatientes que encabezó las gestiones ante los legisladores tras la aprobación de la ley. Según explicó, el reclamo comenzó hace más de quince años impulsado por compañeros que ya fallecieron y durante todo ese tiempo encontraron sucesivos obstáculos para lograr la modificación. “Hicimos un gran trabajo en toda la provincia. Nos organizamos en las ocho secciones electorales y hablamos con cada legislador para acercarle el proyecto que necesitábamos que se votara“, relató en diálogo con este medio. Para este sector, la reforma representa apenas el comienzo de un proceso más amplio. “Esta es la ley madre. Ahora vamos a ir por el resto de las leyes para que todos los veteranos de la provincia tengamos el mismo reconocimiento“, afirmó. La inclusión de oficiales y suboficiales al régimen previsional especial para veteranos encontró desde el inicio la oposición del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) La Plata. Alberto cuestionó directamente el rol del secretario de Derechos Humanos de la entidad, Ernesto Alonso, a quien acusó de haber influido políticamente para impedir durante años el avance de la reforma. Se trata de una posición expresada por el entrevistado y rechazada históricamente por el CECIM, organización que ha fundamentado su postura en la necesidad de preservar los procesos de memoria, verdad y justicia. En la sesión, el presidente del bloque de Unión por la Patria, Facundo Tignanelli, sostuvo que el expediente había permanecido demorado durante años por decisiones administrativas que, a su criterio, excedían las cuestiones estrictamente jurídicas. En ese punto coincidió con el planteo de los oficiales y suboficiales que impulsaron la reforma, quienes desde hace años sostienen que existieron obstáculos políticos para ampliar el beneficio. La principal oposición a esa ampliación provino del CECIM La Plata, que insistió en la necesidad de mantener controles estrictos para evitar el acceso al beneficio de personas denunciadas o investigadas por torturas y otros abusos cometidos contra soldados argentinos durante la guerra. Durante el tratamiento legislativo, parte de esas preocupaciones quedaron reflejadas en las modificaciones incorporadas al texto aprobado, que estableció nuevas causales de exclusión para acceder al régimen especial. Una discusión que excede lo previsional Detrás del debate legislativo convivieron dos reclamos que sus protagonistas consideran igualmente legítimos. Por un lado, oficiales y suboficiales veteranos de Malvinas sostienen que, tras haber combatido en la guerra y desarrollado luego una carrera laboral en el Estado bonaerense, tienen derecho a acceder al mismo régimen previsional que desde hace años beneficia a los soldados conscriptos. Su planteo se apoya en el principio de igualdad y en los aportes realizados durante décadas al sistema previsional provincial. Del otro lado, el CECIM y otros sectores de excombatientes sostienen que cualquier política de reparación debe preservar las políticas de memoria y derechos humanos. Por eso impulsaron que el acceso al beneficio mantuviera criterios de exclusión para evitar que pudiera alcanzar a personas investigadas o condenadas por violaciones a los derechos humanos cometidas durante la guerra. La modificación al artículo 2 de la Ley 15.386 buscó dar una respuesta a ambas posiciones. Amplió el régimen especial incorporando a oficiales y suboficiales, pero al mismo tiempo reforzó los requisitos y las causales de exclusión para acceder al beneficio. Aunque la aprobación de la norma resolvió un reclamo previsional, no saldó una discusión histórica sobre la representación de los veteranos, los alcances de las políticas de reparación y el modo en que conviven memoria, derechos humanos y reconocimiento a los veteranos de Malvinas. Navegación de entradas Kicillof busca blindar por ley su política sanitaria con dos proyectos clave que ya ingresaron al Senado
