Una iniciativa impulsada por la senadora radical Natalia Quintana obtuvo media sanción y propone que los organismos públicos y los servicios esenciales garanticen atención asistida para mayores de 60 años. El proyecto pone en debate cómo modernizar la administración sin profundizar la brecha digital.Por Baiana Accinelli · 7 de octubre de 2026 La posibilidad de sacar un turno, validar una identidad o completar un formulario desde el celular se convirtió en parte de la vida cotidiana. Sin embargo, cuando esas herramientas digitales reemplazan por completo la atención presencial, resolver una gestión puede transformarse en una dificultad para quienes no tienen acceso a la tecnología o encuentran obstáculos para utilizarla. Sobre esa problemática avanzó el Senado de la provincia de Buenos Aires, que dio media sanción a un proyecto de ley presentado por la senadora radical Natalia Quintana. La iniciativa busca garantizar que las personas mayores de 60 años cuenten con canales de atención alternativos y asistencia personalizada para realizar trámites ante organismos públicos y prestadores de servicios esenciales. El texto alcanza a organismos de la administración pública provincial, entes autárquicos y descentralizados, empresas estatales, prestadores de servicios públicos bajo jurisdicción bonaerense y el Banco Provincia. Según la propuesta, estas instituciones no podrán exigir el uso exclusivo de plataformas virtuales y deberán ofrecer orientación, ayuda para gestionar turnos y acompañamiento presencial para la carga de datos. Cuando la tecnología se convierte en un obstáculo La digitalización de los servicios puede simplificar procedimientos, pero no todas las personas parten de las mismas condiciones para utilizarlos. La falta de familiaridad con las aplicaciones, las dificultades para validar datos o la necesidad de completar formularios digitales pueden convertirse en barreras para acceder a trámites y prestaciones. Quintana planteó que el problema no está en el avance tecnológico en sí mismo, sino en que se transforme en la única vía disponible. “Los avances tecnológicos y las aplicaciones móviles son una herramienta valiosa para optimizar recursos y mejorar la eficiencia del Estado. Sin embargo, este proceso de modernización no debe traducirse en nuevas formas de exclusión ni en obstáculos para el ejercicio de derechos”, sostuvo. La senadora advirtió que la exigencia de resolver todas las gestiones de manera virtual puede profundizar las dificultades que atraviesan las personas mayores. “La obligatoriedad de gestionar turnos, validar identidades o cargar documentación de manera 100% virtual se ha transformado en una barrera inasumible. No pueden ser rehenes del mundo digital”, afirmó. El acceso a los derechos también depende de la atención La discusión plantea un desafío para las políticas públicas: incorporar herramientas tecnológicas sin trasladar a la ciudadanía la responsabilidad de adaptarse a procedimientos que pueden resultar inaccesibles. En ese sentido, contar con atención presencial y acompañamiento no supone necesariamente rechazar la modernización, sino contemplar distintas necesidades al momento de diseñar los servicios. “Humanizar los trámites no significa frenar el avance tecnológico, sino asegurar que nadie quede atrás”, expresó Quintana, quien consideró que acompañar a quienes quedan al margen de la transformación digital constituye una responsabilidad del Estado. La iniciativa busca que la edad o las dificultades para desenvolverse en entornos digitales no se conviertan en un impedimento para realizar gestiones esenciales. Su alcance definitivo dependerá del tratamiento legislativo que resta. Tras obtener media sanción en el Senado, el proyecto pasó a la Cámara de Diputados bonaerense para continuar su recorrido legislativo. Navegación de entradas Ley Ema: la mirada de Laura Clark antes del debate en el Senado Del aula a la salud mental: las claves de la nueva ley de educación emocional