Ley Ema: el recorrido legislativo para su sanción definitiva

La Cámara de Diputados de la Provincia aprobó un proyecto impulsado por Mayra Mendoza que busca incorporar la prevención de las violencias digitales y la formación en ciudadanía digital al sistema educativo. Ahora, el recorrido legislativo se traslada al Senado, donde la discusión sobre la violencia digital en ámbitos educativos no comienza de cero.

En la Cámara alta existe desde el año pasado una iniciativa presentada por Laura Clark. Ambos parten de una misma problemática y comparten el objetivo de generar herramientas para prevenir y abordar situaciones de violencia digital, pero lo hacen desde estructuras legislativas diferentes.

En diálogo con El Palco, Mónica Macha, senadora también del bloque de Fuerza Patria, explicó que el trabajo detrás de la Ley EMA comenzó en octubre de 2024 junto a Laura Sánchez y distintas organizaciones, primero con la elaboración de la Guía EMA y luego con el proyecto de ley. 

Por entonces, Macha era diputada nacional y presentó la iniciativa en el Congreso. En paralelo, Laura Clark hizo lo propio en la Legislatura provincial. En definitiva, comparten el mismo espíritu: “Es una ley que está pensada específicamente para adolescentes y entre adolescentes”, explicó la ahora senadora bonaerense.

El proyecto provincial quedó radicado en la Cámara Alta bonaerense. Ahora, con la media sanción obtenida por la iniciativa de Mendoza en Diputados, el escenario legislativo cambió y obliga a encontrar una articulación entre ambos textos.

Mientras la iniciativa de Mendoza propone incorporar la problemática dentro de la Ley Provincial de Educación 13.688, el proyecto de Clark crea un programa específico de prevención y abordaje integral de la violencia digital en ámbitos educativos. Es allí donde aparece el desafío que Macha resume en otra frase: “Ahora tenemos que articular todo ese laburo”.

Dos proyectos para una misma problemática

El proyecto que obtuvo media sanción en Diputados toma como eje la incorporación de la prevención de la violencia digital dentro del sistema educativo provincial. Para eso modifica la Ley de Educación y contempla contenidos vinculados con ciudadanía digital, consentimiento, privacidad y prevención de situaciones como grooming, sextorsión y ciberacoso.

También incorpora herramientas vinculadas con la actualización de protocolos, la preservación de evidencia digital, la intervención de los Equipos de Orientación Escolar y la capacitación continua de quienes trabajan en el sistema educativo.

El proyecto de Clark avanza sobre ese mismo territorio, pero con otra arquitectura: propone crear un Programa Provincial de Prevención y Abordaje Integral de la Violencia Digital en Ámbitos Educativos.

La iniciativa no se limita a definir contenidos. Desarrolla distintas instancias para llevar la política a las escuelas: capacitación de docentes y equipos directivos, campañas y talleres, participación de estudiantes y familias, protocolos de actuación, acompañamiento psicológico y pedagógico, articulación entre organismos y definición de rutas de intervención frente a situaciones concretas.

Por eso, más que dos proyectos que necesariamente deban competir entre sí, los textos presentan puntos de contacto que podrían ser articulados en el tratamiento parlamentario. Uno establece un marco dentro de la legislación educativa. El otro desarrolla un dispositivo específico para prevenir, abordar y acompañar las situaciones que ocurren en ese ámbito.

La diferencia puede sintetizarse de una manera sencilla: uno incorpora la problemática a la estructura general del sistema educativo; el otro propone cómo construir una política específica para intervenir sobre ella.

Macha: “Tenemos que articular todo ese laburo”

Macha conoce el recorrido de ambas iniciativas y anticipó que la llegada del proyecto de Mendoza al Senado obligará a trabajar sobre los dos textos. “Ahora tenemos que articular todo ese laburo”, señaló durante la entrevista. La senadora explicó que el proyecto aprobado en Diputados propone modificaciones sobre la Ley de Educación y que, al encontrarse con la iniciativa que ya estaba en el Senado, será necesario compatibilizar los contenidos.

“Vamos a tener que modificar, hay que juntar los dos proyectos, ver cómo vamos a hacer eso y volver a Diputados”, sostuvo. La eventual modificación del texto aprobado por Diputados abre así la posibilidad de que el proyecto regrese a la Cámara de origen, de acuerdo con el procedimiento legislativo.

Para Macha, la escuela ocupa un lugar central en esa discusión. “Es fundamental el ámbito de la escuela”, explicó. Según relató, el trabajo realizado alrededor de la Ley Ema surgió también de consultas y experiencias de familias, docentes, escuelas y centros de estudiantes y la propia mamá de la adolescente, Lausa Sánchez.

Del reconocimiento a la aplicación

Para Macha, el punto de partida es que la violencia sea reconocida legalmente. “Lo que más urgente necesitamos es eso, es el reconocimiento de la violencia”, señaló la senadora durante la entrevista. La importancia de ese reconocimiento, explicó, no es solamente simbólica. Permite que el Poder Ejecutivo tenga herramientas para desarrollar políticas públicas y que el Poder Judicial cuente con un marco para analizar las situaciones que llegan a sus ámbitos.

La legisladora contó que este aspecto fue trabajado incluso con fiscales del Departamento Judicial de Morón, quienes plantearon la necesidad de contar con esa herramienta. En el caso de Ley Ema, el desafío posterior es cómo ese reconocimiento se transforma en una intervención concreta dentro de las escuelas.

Allí adquieren relevancia los mecanismos que aparecen con mayor desarrollo en la iniciativa de Clark: desde la capacitación y las campañas de prevención hasta los protocolos, el acompañamiento de los equipos escolares y la articulación con otros organismos del Estado. La cuestión no es menor porque, como explicó Macha, la propuesta fue pensada específicamente para trabajar entre adolescentes y con adolescentes.

Un trabajo que empezó antes de los expedientes

La coexistencia de ambos proyectos también se explica por el recorrido previo de Ley Ema. Macha contó que comenzó a trabajar con Laura Sánchez y organizaciones en octubre de 2024, primero con la Guía Ema y luego con la construcción del proyecto de ley. El trabajo incluyó talleres y actividades en escuelas.

Para agosto de 2025, ese recorrido había llegado al Congreso Nacional, donde Macha presentó la versión nacional de la iniciativa y consiguió dictamen en comisión. En paralelo, Laura Clark presentó en la Legislatura bonaerense el proyecto provincial trabajado junto a Sánchez y las organizaciones.

La propia Macha ocupaba entonces una banca en el Congreso Nacional, mientras Clark era senadora provincial. La presentación de ambos proyectos formó parte de ese mismo proceso de construcción. El problema fue que el proyecto bonaerense quedó en el Senado sin avanzar al recinto.

“El Senado viene muy lento para sesionar”, señaló Macha. Y agregó que los proyectos allí presentados “duermen el sueño de los justos”. Después, ya con Mayra Mendoza en la Cámara de Diputados, apareció una nueva iniciativa sobre Ley Ema. El texto consiguió la media sanción que ahora abre una nueva instancia parlamentaria.

El procedimiento puede extender los tiempos de tratamiento. Pero también abre la posibilidad de que la Provincia termine contando con una legislación más amplia, que combine la prevención y el abordaje específico de la violencia digital con su incorporación como parte de la formación educativa.