Constitución: la jornada que reabrió el debate sobre la reducción de daños

La imagen de una organización entregando elementos destinados a reducir riesgos asociados al consumo de drogas generó polémica y volvió a instalar una discusión que suele aparecer atravesada por prejuicios, simplificaciones y posiciones enfrentadas. Pero detrás de esa escena hay una pregunta más profunda: ¿qué hacemos como sociedad frente a las personas usuarias de drogas?

El 23 de septiembre, la Asociación de Reducción de Daños de Argentina (ARDA) y la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina (AMMAR) realizaron una jornada comunitaria en Plaza Garay, en el barrio porteño de Constitución. La actividad reunió a unas 65 personas, incluyó una olla popular, la entrega de más de 50 viandas y la distribución de 39 kits de reducción de daños. También se realizaron 33 encuestas anónimas y voluntarias para una investigación posterior.

La iniciativa surgió del encuentro entre el trabajo territorial de AMMAR y la experiencia de ARDA en reducción de daños. Los kits incluían pipas de vidrio, boquillas, filtros e información sobre cuidados, destinados a personas que ya consumen cocaína fumable. El objetivo era disminuir riesgos vinculados, entre otras cuestiones, a cortes y quemaduras producidos por el uso de materiales improvisados.

La entrega de los elementos no estuvo condicionada a la abstinencia. Esa decisión, que forma parte del enfoque de reducción de daños, fue precisamente uno de los aspectos que alimentaron la controversia.

Una jornada comunitaria frente a una realidad territorial

La actividad no se organizó de manera aislada ni estuvo limitada a la entrega de materiales. Según explicó ARDA, la propuesta nació del trabajo compartido con integrantes de AMMAR, quienes venían identificando entre sus pares y en el territorio un aumento del consumo de cocaína fumable y distintos problemas de salud asociados a esas prácticas.

También se habían detectado dificultades para acercarse a los servicios sanitarios, así como conflictos con policías y vecinos. En ese contexto, la jornada buscó acercar herramientas de cuidado y generar un espacio de encuentro con personas que suelen quedar al margen de los dispositivos tradicionales de atención.

AMMAR, la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina, es una organización sindical que defiende los derechos de las trabajadoras sexuales y desarrolla tareas de organización, acompañamiento y asistencia comunitaria. Su presencia en Constitución está vinculada con un trabajo territorial que incluye el contacto cotidiano con poblaciones expuestas a situaciones de vulnerabilidad, discriminación y violencia institucional.

Durante la jornada, AMMAR sostuvo la convocatoria, el vínculo con las personas del barrio y la olla popular. ARDA, por su parte, aportó su experiencia específica en reducción de daños, los kits y el relevamiento. La participación en las encuestas era voluntaria y no constituía una condición para recibir comida ni los materiales. La información obtenida servirá como base para una investigación científica posterior.

La propuesta de ARDA es repetir la experiencia en otras provincias junto con organizaciones locales, con una metodología común y un seguimiento que permita evaluar el uso de los kits y sus posibles efectos sobre la salud.

La polémica y la confusión sobre quiénes organizaron la actividad

La entrega de pipas para el consumo de cocaína fumable abrió una fuerte controversia. Las críticas se concentraron en la posibilidad de que distribuir esos elementos implicara promover o normalizar el consumo de drogas ilegales.

Sin embargo, la discusión no se limitó al enfoque sanitario. En el tratamiento mediático y en las publicaciones que circularon en redes sociales también aparecieron versiones que vincularon a las organizaciones participantes con el gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

La confusión entre la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires sumó otro elemento a una discusión que ya estaba atravesada por interpretaciones políticas. La actividad se desarrolló en Constitución, en territorio porteño, y fue organizada por ARDA y AMMAR.

De acuerdo con el sitio web Chequeado.com, algunos de los posteos relacionaron la actividad con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.  “La nueva de Kicillof y el gobierno de PBA: ahora reparten Kits para drogarse con Paco”, indica una publicación con 2 mil retuits, 16 mil “Me gusta” y 920 mil visualizaciones. Este mensaje fue compartido por el subsecretario de Políticas Universitarias de la Nación, Alejandro Álvarez.

La distinción es importante. Una cosa es discutir si la entrega de determinados insumos constituye una herramienta válida de salud pública, cuáles son sus alcances y qué evidencia respalda su utilización. Otra, diferente, es atribuir la iniciativa a un gobierno o a una política pública sin que exista sustento para hacerlo.

La controversia también mostró cómo una intervención territorial concreta puede quedar reducida a una imagen, separada de las circunstancias que la motivaron y de las explicaciones que ofrecen quienes la llevaron adelante.

Qué significa hablar de reducción de daños

Para entender la propuesta de ARDA y AMMAR es necesario detenerse en el concepto de reducción de daños. Se trata de un conjunto de estrategias y políticas que buscan minimizar los riesgos y daños asociados al uso de drogas, sin exigir la abstinencia como condición para acceder a cuidados.

Desde esta perspectiva, la discusión no consiste solamente en determinar si una sustancia es legal o ilegal, sino en reconocer que existen consumos y trabajar para reducir los daños que pueden producir.

No todos los consumos son iguales. Hay personas que utilizan drogas, legales o ilegales, sin desarrollar problemas asociados a ese consumo. Otras atraviesan situaciones que afectan su salud y su vida cotidiana, y algunas desarrollan dependencia. Las circunstancias personales, los vínculos, las condiciones de vivienda, la alimentación y las posibilidades de acceso al sistema de salud también inciden en esas experiencias.

Por eso, la reducción de daños plantea que las respuestas deben contemplar diferentes situaciones. Para algunas personas, el objetivo puede ser dejar de consumir. Para otras, reducir la frecuencia, modificar determinadas prácticas, evitar lesiones o encontrar un espacio donde puedan hablar de lo que les sucede sin temor a ser juzgadas.

Esto no implica negar los riesgos del consumo ni reemplazar los tratamientos. Supone ampliar las posibilidades de acompañamiento y evitar que quienes todavía consumen queden excluidos de la atención sanitaria.

En diálogo con El Palco, Serena Suárez, integrante de la comisión directiva de ARDA y coordinadora nacional de proyectos de reducción de daños en contextos de nocturnidad, explicó los fundamentos de este enfoque, el trabajo que desarrolla la organización y los desafíos que enfrenta frente a las políticas de drogas y el sistema de salud.

Una discusión que excede al “pipazo de realidad“

La polémica alrededor de la jornada de Constitución puede quedar reducida a una imagen: una organización entregando una pipa a una persona que consume una droga ilegal.

Pero detrás de esa escena aparecen preguntas que exceden la discusión sobre los elementos distribuidos. ¿Qué hacemos cuando una persona consume? ¿Esperamos a que deje de hacerlo para acercarle ayuda? ¿Qué lugar tienen la prevención, el acompañamiento y las condiciones materiales de vida? ¿Qué ocurre con quienes deciden pedir atención y no encuentran un sistema preparado para recibirlos?

La reducción de daños propone intervenir sobre una realidad existente y construir herramientas para disminuir los riesgos que atraviesan las personas usuarias de drogas. Su aplicación también abre interrogantes sobre la evidencia disponible, la evaluación de sus resultados, el papel de las organizaciones comunitarias y las responsabilidades del Estado.

La jornada realizada por ARDA y AMMAR fue una intervención puntual, con objetivos concretos y una metodología que las organizaciones plantean continuar y evaluar. Su discusión pública, en cambio, puso sobre la mesa un debate mucho más amplio: qué respuestas construimos como sociedad frente a los consumos y a las personas que necesitan cuidados, incluso cuando esas respuestas no coinciden con las expectativas de quienes consideran que la abstinencia debe ser siempre el punto de partida.

La discusión no termina en la entrega de un kit. También alcanza a las políticas sanitarias, las estrategias de prevención, los dispositivos de atención y la posibilidad de que las personas encuentren acompañamiento sin que sus circunstancias se conviertan en una barrera.