La mora familiar alcanzó picos históricos y comenzó a ocupar la agenda política

El sobreendeudamiento de las familias dejó de ser solamente una cuestión entre privados y pasó a ser una problemática pública. En la Provincia de Buenos Aires, el problema alcanza a 1,7 millones de bonaerenses, según los datos del Banco Provincia utilizados como referencia para la convocatoria a la charla-debate que se realizó este martes en la Cámara de Diputados bonaerense.

La actividad fue organizada de manera conjunta por la Cámara de Diputados, la Fundación Encuentro y Fundejus, con un objetivo concreto: poner en discusión qué herramientas existen y cuáles podrían construirse para abordar una problemática que combina pérdida de ingresos y el poder adquisitivo y suba de tarifas de servicios públicos con un acceso cada vez más sencillo al crédito lo que se ha convertido en un combo explosivo para la clase trabajadora..

Antes de que comenzara el panel, tomaron la palabra el exsecretario de Producción y referente del Frente Renovador, José Ignacio de Mendiguren, el exministro de Justicia bonaerense Ricardo Casal y el vicepresidente de la Cámara baja, Alexis Guerrera. El legislador massista planteó allí el eje político que atravesaría buena parte de la jornada: el sobreendeudamiento familiar como un problema que no debería quedar reducido a una suma de decisiones individuales.

Luego comenzó el panel integrado por Claudio Fede, Guillermo Michel y Sofía Vannelli, tres miradas diferentes sobre una misma cuestión: qué puede hacer el Estado frente a familias que ya no consiguen sostener sus deudas.

Del problema económico al problema político

Guerrera sostuvo posteriormente que la preocupación por el sobreendeudamiento excede al peronismo y alcanza también a otros sectores de la oposición. En su lectura, el Gobierno nacional decidió considerar el endeudamiento como “un problema entre privados” y atribuirlo a decisiones de consumo individuales.

Su planteo fue que las familias no recurren al crédito necesariamente para comprar bienes durables o invertir, sino que cada vez más lo utilizan para sostener gastos cotidianos.

La propia convocatoria a la actividad había planteado ese diagnóstico: la caída del poder adquisitivo, el incremento de los servicios y los alimentos y la facilidad para acceder a créditos con tasas elevadas aparecen como factores que empujan a los hogares hacia la deuda y la mora.

Guerrera también anticipó la labor parlamentaria en torno a este y otros proyectos: “Hoy llevamos adelante una charla-debate para poner puntos en común y sacar los mejor de cada legislación en pos de impulsar un proyecto de Ley que cuide y defienda el derecho de los vecinos que hoy están luchando para pagar sus deudas”.

Ese objetivo aparece luego, con matices, en la exposición de Vannelli y también en la discusión sobre los distintos proyectos que ya existen en la Legislatura.

Michel: una respuesta nacional para quienes ya están endeudados

Guillermo Michel llevó la discusión al plano nacional. Su diagnóstico parte de una doble decisión de política económica: por un lado, el uso de salarios y jubilaciones como ancla del modelo y, por otro, la desregulación de tasas y comisiones financieras a partir del Decreto 70/2023.

Durante la charla sostuvo que existen 20 millones de personas endeudadas y cerca de siete millones en situación de mora o cesación de pagos dentro del sistema financiero, aunque aclaró que ese universo no contempla otras modalidades de crédito por fuera de ese sistema, como cooperativas, mutuales y prestamistas informales.Su propuesta apunta a intervenir sobre quienes ya quedaron atrapados en la deuda.

El proyecto que presentó contempla la creación de un Programa de Desendeudamiento de las Familias Argentinas, mediante una línea de crédito de ANSES dirigida a trabajadores, jubilados, pensionados, beneficiarios de asignaciones, personal de casas particulares y monotributistas de las categorías A, B, C y D. Los créditos serían de hasta $1.500.000, con un costo financiero total limitado a TAMAR más 10 puntos porcentuales y una cuota que no podría superar el 30% del ingreso mensual neto.

Michel explicó que la idea es utilizar recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad para ofrecer una alternativa de refinanciación a una tasa razonable y con un plazo que permita salir del ahogo financiero. Según señaló, el límite de $1,5 millones apunta especialmente a las situaciones de mayor emergencia: familias que se endeudaron para pagar alimentos o servicios, y no para financiar la compra de un auto o una vivienda.

El diputado nacional también señaló que, de acuerdo con sus datos, el promedio de deuda de los casi siete millones de deudores ronda el millón de pesos y que por eso la prioridad debería estar puesta en quienes atraviesan las situaciones más urgentes.

Pero su propuesta no se limita a refinanciar. Durante la jornada también planteó revisar el funcionamiento de las billeteras electrónicas y los proveedores no financieros de crédito. Mencionó que el Banco Central tiene autorizadas 91 billeteras electrónicas y 657 proveedores no financieros y reclamó mayor información sobre las tasas y sobre los mecanismos utilizados para establecer el perfil crediticio de los usuarios.

También propuso suspender, durante la emergencia, los débitos automáticos de préstamos sobre prestaciones del sistema de seguridad social como la AUH, para evitar que el cobro de una deuda absorba ingresos destinados a la subsistencia familiar.La respuesta de Michel, entonces, tiene un eje definido: utilizar herramientas del Estado nacional para refinanciar deudas existentes y, al mismo tiempo, revisar algunas de las condiciones en las que se está otorgando y cobrando el crédito.

Vannelli: prevenir el sobreendeudamiento y crear una vía de salida

La propuesta de Sofía Vannelli parte de otro lugar. La diputada bonaerense impulsa una reforma de la legislación de defensa del consumidor para incorporar específicamente la situación de las familias sobreendeudadas y crear herramientas tanto para prevenir que una deuda se vuelva impagable como para permitir una salida cuando esa situación ya se produjo.

El proyecto comienza por definir quién es una persona sobreendeudada y establece un concepto central: el mínimo vital protegido. La idea es que, al analizar la capacidad de pago de una persona, no se mire solamente cuánto debe, sino cuánto necesita conservar para satisfacer sus necesidades básicas. El proyecto incorpora además al entorno familiar en ese análisis.

Crédito responsable:

Uno de los principales cambios propuestos es incorporar el concepto de crédito responsable. El proveedor debería evaluar y documentar la capacidad de pago del consumidor antes de otorgar el crédito. También debería brindar información clara sobre el capital, las tasas y el costo total, y dejar constancia del consentimiento informado.

En diálogo con EL PALCO, Vannelli puso el foco en una situación cada vez más habitual: créditos contratados desde un teléfono, a partir de un enlace o una secuencia de aceptación de términos y condiciones, sin que el consumidor tenga necesariamente una comprensión efectiva de qué está firmando.

Por eso, el proyecto no solamente exige información al consumidor. También busca que el proveedor pueda demostrar que informó y que evaluó la capacidad de pago de quien tomó el crédito.

“Que le quede claro al consumidor qué es lo que firma, pero también que los proveedores tengan concretamente documentado todo este proceso de información al consumidor”. Para ordenar ese procedimiento, el proyecto propone una ficha estandarizada del crédito y una liquidación con información obligatoria.

La propuesta alcanza a un universo amplio de actores: entidades financieras, cooperativas y mutuales, emisores de tarjetas, proveedores no financieros de crédito, fideicomisos, comercios que financien bienes o servicios, agencias de cobranza y recupero y, específicamente, entidades de crédito digital, plataformas, aplicaciones y billeteras virtuales cuando ofrezcan financiación.

Las reglas para cobrar:

La iniciativa también interviene sobre el momento posterior al otorgamiento del crédito. El proyecto establece limitaciones para mecanismos automatizados de gestión, exige comunicar fehacientemente el inicio de una eventual acción legal y contempla prácticas prohibidas, entre ellas los llamados a familiares, el contacto con el empleador y la simulación de documentación judicial.

Es un aspecto que Vannelli destacó especialmente en la entrevista: el problema no termina cuando una familia deja de pagar. A partir de allí pueden comenzar llamados fuera de horario, contactos con familiares o amenazas vinculadas con supuestas acciones judiciales.

La propuesta busca que el derecho del acreedor a cobrar no se transforme en una autorización para hostigar al deudor o involucrar a personas ajenas a la obligación.

Las OMIC como primera instancia:

El proyecto propone además aprovechar una estructura que ya existe en la Provincia: las Oficinas Municipales de Información al Consumidor (OMIC).

La persona sobreendeudada podría optar por iniciar allí un procedimiento administrativo gratuito. La intención es centralizar las comunicaciones con los acreedores, frenar prácticas de hostigamiento, elaborar un informe técnico y abrir una instancia de conciliación.

La elección del ámbito municipal tiene una explicación concreta: Vannelli busca que la herramienta tenga presencia territorial y pueda ser utilizada desde el lugar donde vive el consumidor.

En su entrevista, la diputada explicó además que uno de los desafíos de legislar desde la Provincia es que muchos proveedores no tienen domicilio en territorio bonaerense. Por eso, el proyecto toma como referencia el domicilio real del consumidor para establecer la competencia.

La rehabilitación judicial: una salida para quien ya no puede pagar

El segundo nivel de la propuesta es judicial.

El proyecto crea un procedimiento de rehabilitación judicial, pero Vannelli aclara que no pretende crear una quiebra de consumidores ni modificar la legislación de fondo. Se trata, según explicó, de establecer una herramienta procesal que permita a un juez convocar a los acreedores y abrir una instancia de negociación.

La propuesta establece que el proceso pueda tramitar ante la Justicia Civil y Comercial o la Justicia de Paz correspondiente al domicilio real del consumidor, con beneficio de litigar sin gastos.

Una vez iniciado, el esquema contempla la suspensión de ejecuciones, subastas, intereses moratorios y punitorios y gestiones extrajudiciales de cobro. Luego se convoca a los acreedores para verificar la legitimidad de las deudas y se abre una instancia para discutir un plan de pago.

Ese acuerdo podría contemplar quitas, reducciones, reordenamiento o esperas, tomando como referencia el mínimo vital protegido.

Es, probablemente, el punto que introduce una discusión legislativa más profunda: qué puede hacer el Estado cuando una persona tiene deudas que son legítimas pero que, por su magnitud, ya no puede pagar sin comprometer sus necesidades básicas.

La mirada de los tribunales

La otra dimensión del problema llegó de la mano de Claudio Fede, presidente de la Sala Uno de la Cámara Civil, Comercial y de Familia del departamento judicial de San Martín y autor coordinador del libro Consumidores Sobreendeudados.

Fede llevó al debate lo que observa desde los tribunales: la aparición creciente de pequeñas quiebras y las dificultades jurídicas que existen para abordar situaciones de sobreendeudamiento que no encuentran una herramienta específica. Su planteo tuvo como eje la dignidad de las personas.

El magistrado sostuvo que esas deudas, muchas veces por montos inferiores al millón de pesos, están vinculadas con salarios que alcanzan cada vez para menos, mientras persisten aumentos en servicios y otros gastos. Y cuestionó la idea de que el endeudamiento familiar pueda ser considerado exclusivamente un problema entre privados.

Según explicó, cuando la deuda empieza a afectar las condiciones esenciales de vida, aparece una obligación estatal de intervenir. Al mismo tiempo, señaló que los jueces pueden aportar elementos para una solución, pero que actualmente no cuentan con una herramienta legal adecuada para abordar integralmente estas situaciones.

La observación judicial termina conectando con uno de los puntos centrales del proyecto de Vannelli: la necesidad de crear un procedimiento específico para que una familia sobreendeudada no quede atrapada entre múltiples reclamos individuales sin una instancia destinada a ordenar el conjunto de sus obligaciones.

Tres niveles para un mismo problema

La charla-debate dejó así planteadas tres respuestas diferentes frente a un mismo fenómeno.

En el plano nacional, Michel propone una herramienta de desendeudamiento para quienes ya están atrapados en créditos de hasta $1,5 millones y reclama revisar el funcionamiento de los proveedores no financieros y las billeteras electrónicas.

En el plano bonaerense, Vannelli busca intervenir sobre la relación de consumo desde antes de que aparezca la mora —con crédito responsable, información y evaluación de capacidad de pago— y también crear mecanismos administrativos y judiciales para quienes ya están sobreendeudados.

Y desde la Justicia, Fede puso el acento en una carencia concreta: los tribunales reciben estas situaciones, pero no cuentan con una herramienta diseñada específicamente para resolverlas de manera integral.

La jornada no cerró esas discusiones. Al contrario: dejó sobre la mesa distintas iniciativas y una pregunta que ahora deberá atravesar el debate legislativo bonaerense: si el problema es el sobreendeudamiento de las familias, qué parte debe resolverse regulando el crédito, cuál refinanciando las deudas existentes y cuál creando mecanismos para que quien ya no puede pagar tenga una vía de salida.

Guerrera planteó que el objetivo era encontrar puntos en común entre las distintas propuestas. Vannelli, por su parte, reconoció que su proyecto está abierto al debate y a modificaciones en las comisiones y admitió que algunos aspectos —como la creación de un procedimiento judicial— pueden generar mayores diferencias que otros.

La discusión, por lo tanto, recién empieza. Pero la charla dejó algo más que un diagnóstico: hay distintas herramientas sobre la mesa y ahora comienza la discusión sobre cuáles pueden convertirse en una respuesta legislativa concreta para los bonaerenses endeudados.