Cuando la agenda mediática no coincide con la agenda sanitaria bonaerense

Esta semana se instaló con fuerza una discusión sobre si los extranjeros deberían pagar por atenderse en los hospitales públicos bonaerenses. El disparador fue un proyecto presentado por el diputado Agustín Romo, que rápidamente ocupó titulares nacionales. Ese mismo día, el Colegio de Médicos de la Provincia declaró la “emergencia epidemiológica y ética”. Las dos hablan de salud, pero, como suele pasar, una cosa es la agenda mediática y otra muy distinta es la agenda sanitaria o incluso la agenda parlamentaria bonaerense.

En la Legislatura ingresan cientos de proyectos todos los años. Sólo una parte llega al recinto y una porción aún menor logra sanción definitiva de las dos cámaras. Sin embargo, muchas veces el debate público se concentra en el anuncio de una iniciativa, pero no en las posibilidades reales de que se convierta en Ley. Por eso resulta interesante lo que sucedió esta semana con el boom mediático que se le dio al proyecto presentado por el diputado libertario para arancelar la salud y la educación universitaria en la provincia de Buenos Aires.

Resulta interesante aunque no es una rareza, luego de la finalización del Mundial y la campaña anti Argentina que acarreó una oleada de comentarios de odio y estigmatizaciones que la señalaron como el país más racista del mundo, el proyecto obtuvo rápidamente una enorme circulación mediática luego de que Romo lo anunciara en su cuenta de X.

“Así que hay extranjeros que viven en Argentina, estudian gratis en Argentina, se atienden gratis en hospitales Argentinos mientras odian a la Argentina? Perfecto. Acabo de presentar un proyecto para arancelar la salud y la educación a extranjeros en la provincia de Buenos Aires.”, tuiteó el jefe del bloque de La Libertad Avanza y el algoritmo hizo lo suyo.

La relevancia mediática de la iniciativa no se corresponde con su recorrido legislativo ni con la afectación real a los habitantes de la provincia. Sin ir más lejos, a fines de junio ingresaron en el Senado dos proyectos de ley del Ejecutivo que buscan institucionalizar políticas sanitarias que ya funcionan: Sistema Integrado de Salud (SIPBA) y el Centro de Industria Farmacéutica Bonaerense, y no fueron título en ningún medio nacional.

A pesar de que el bloque de Fuerza Patria tiene los números de bancas para conformar su propio quórum en la Cámara alta y que ambas iniciativas cuentan con el visto bueno de todas las tribus del peronismo, los medios porteños no se hicieron eco. Pero sí más tarde se concentraron en una iniciativa cuyo recorrido legislativo aparece, al menos hoy, mucho menos relevante que su impacto mediático.

Y aquí vale detenerse, sobre todo teniendo en cuenta que el proyecto de Romo ni siquiera ingresó formalmente a la Cámara que se encuentra en receso invernal. Aún así, una vez que la iniciativa tome estado parlamentario debe atravesar varias comisiones de la Cámara baja como la de Salud, Educación, Presupuesto e Impuestos y Asuntos Constitucionales, lograr dictamen y pasar labor parlamentaria para recién llegar al tratamiento en una sesión de Diputados.

En el hipotético caso de que el bloque libertario lograra reunir los apoyos necesarios para su aprobación, debería luego repetir el mismo camino en el Senado antes de llegar al recinto para una eventual sanción definitiva. Al menos hasta aquí, el proyecto tuvo un recorrido mucho más veloz en los estudios de televisión y las redes sociales que el que le llevará transitar los pasillos de la Legislatura bonaerense.

¿Qué propone exactamente el proyecto?

La iniciativa de Agustín Romo busca crear un régimen de arancelamiento para dos servicios públicos provinciales: la salud y la educación universitaria. Aunque el anuncio en redes sociales puso el foco en “los extranjeros”, el texto del proyecto es más específico.

No abarca a todos los ciudadanos extranjeros, sino a aquellos que no acrediten residencia permanente en la Argentina. Para definir quiénes quedan alcanzados, la iniciativa remite a la Ley Nacional de Migraciones N.º 25.871, que distingue cuatro categorías: permanente; temporaria; transitoria y precaria.

La consecuencia práctica es que sólo quienes tengan residencia permanente seguirían accediendo gratuitamente a la atención sanitaria provincial. Ahora bien, el proyecto también establece límites muy claros, aunque muchos de ellos ya están contemplados en la normativa de Nación.

Por ejemplo, nadie podría ser rechazado ni ver demorada su atención cuando exista una urgencia o una emergencia que implique riesgo para la vida. Para las prestaciones programadas se exige acreditar un seguro de salud, una cobertura médica, un tercero obligado al pago o cancelar previamente el arancel correspondiente.

Además, prevé excepciones. Quedan expresamente excluidas del arancelamiento las víctimas de trata de personas y todas las acciones vinculadas con la prevención y el control de enfermedades transmisibles: vacunación, diagnóstico, tratamiento y seguimiento epidemiológico. El argumento es que, en esos casos, prevalece el interés de la salud pública.

El mecanismo de cobro tampoco está pensado para reclamarle directamente al paciente. El proyecto dispone que la Provincia intente recuperar primero esos costos de aseguradoras, obras sociales, terceros responsables e incluso de Estados extranjeros cuando existan convenios internacionales. Sólo en ausencia de esas alternativas el cobro recaería sobre la persona atendida.

Los recursos que eventualmente se recauden no ingresarían a Rentas Generales sino al Fondo Provincial de Salud del SAMO. Según el proyecto, deberían destinarse a comprar medicamentos e insumos, incorporar equipamiento, realizar obras de infraestructura y fortalecer la capacidad operativa de los hospitales que originaron esa facturación.

Aunque pasó casi desapercibido en la discusión pública, la iniciativa incorpora además un segundo capítulo: propone que las universidades provinciales de gestión estatal cobren una retribución a los estudiantes extranjeros que no tengan residencia permanente. Cada universidad definiría los montos y la modalidad de pago.

Finalmente, el proyecto incorpora una cláusula de transparencia: tanto el Ministerio de Salud como las universidades deberían publicar todos los años cuántas prestaciones o estudiantes quedaron alcanzados por la ley, cuánto se facturó, cuánto se cobró efectivamente, qué excepciones hubo y cuál fue el destino de esos recursos.

Cuál es el porcentaje de extranjeros que se atienden en hospitales bonaerenses

Según el Censo 2022, los extranjeros representan el 6% de la población bonaerense. Y si revisamos específicamente los números del Ministerio de Salud de la Provincia que trabaja en base a los registros del Sistema de la Historia de Salud Integrada del SIPBA, veremos que el universo de extranjeros, y más aún el de los no residentes, es muy poco significativo.

Durante 2023 la Historia de Salud Integrada registró 1.456.483 consultas ambulatorias en hospitales públicos bonaerenses, de ese total, sólo 3.205 corresponden a extranjeros no residentes. Los registros de 57 hospitales y UPAs sobre las consultas por guardia muestran una tendencia similar: la atención a extranjeros no supera el 3% y sólo el 0,3% corresponde a la categoría “no residentes”.

Los números se repiten también si se analizan las internaciones: durante 2023 hubo casi un millón y sólo 6.837 corresponden a extranjeros no residentes. En cuanto a la educación, en las dos universidades provinciales existen apenas 1.172 estudiantes extranjeros (incluyendo residentes y no residentes), equivalentes al 1,9% de la matrícula.

Ese es el universo que intenta regular el proyecto.

Eso no cierra el debate sobre si debe o no existir un sistema de recupero de costos. Lo que sí permiten estos datos es dimensionar el alcance real del porcentaje de la población que busca regular el proyecto y el impacto que podría tener sobre el funcionamiento cotidiano del sistema sanitario bonaerense.

La agenda sanitaria que no entró en los titulares

Mientras la discusión pública giró alrededor del proyecto de Romo centrándose más en discusiones ideológicas que de impacto real en la población, este miércoles el Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires declaró la “emergencia epidemiológica y ética” por el retroceso de la vacunación en Argentina y habló de un riesgo sanitario mucho más amplio.

Se trata de una declaración que hizo el Consejo Superior de la entidad para lo que se valió de informes elaborados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y por UNICEF, mostrando el deterioro histórico en las coberturas de vacunación, sobre todo pediátrica.

La preocupación radica en que en Argentina, más de 100.000 niños no cuentan con ninguna vacuna del Calendario Nacional; eso representa un aumento del 60% respecto de 2021. Además, la segunda dosis de triple viral tuvo apenas un 46% de cobertura y la triple bacteriana un 75%.

El Colegio también advirtió sobre los problemas en la provisión para adultos mayores y denunció dificultades para acceder a las vacunas antigripal y antineumocócica. Si bien estos datos corresponden a un relevamiento a nivel nacional, vale recordar que la provincia concentra más del 38% de la población total de Argentina.

A diferencia del proyecto de Romo, aquí el problema no se refiere a un grupo específico sino a toda la sociedad, ya que la caída de las coberturas reduce la inmunidad colectiva y favorece la reaparición de enfermedades prevenibles.

Desde la entidad le recuerdan al Ejecutivo de Javier Milei que la Ley Nacional 27.491 establece que la vacunación constituye un bien social y que corresponde al Estado nacional garantizarla. En esa línea también reclaman normalizar el abastecimiento, políticas de comunicación y un monitoreo en tiempo real de la evolución de las coberturas.

Entre el impacto mediático y el impacto sanitario

Mientras el debate público se concentró en el proyecto de Romo, en la Legislatura bonaerense avanzan otras iniciativas sanitarias con mayores posibilidades de convertirse en políticas permanentes. Entre ellas aparecen los proyectos del Ejecutivo para institucionalizar el SIPBA y el Centro de Industria Farmacéutica Bonaerense. Sin embargo, subiéndose a la viralización de la campaña anti Argentina, los titulares de los medios porteños se concentraron en una iniciativa cuyo recorrido legislativo aparece mucho menos relevante que su impacto mediático.

En cuanto a la conversación pública propiamente, por un lado, un proyecto que intenta regular un universo que, según datos oficiales, representa menos del 1% de las prestaciones del sistema sanitario público bonaerense. Por el otro, una entidad que agrupa a los médicos de la provincia advirtiendo que 101.000 chicos no recibieron ninguna vacuna y que existe riesgo de reaparición de enfermedades prevenibles si no se revierte esa tendencia. Esa diferencia de escala ayuda a entender por qué la agenda mediática y la agenda sanitaria bonaerense no siempre hablan de los mismos problemas.